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Carpetazo definitivo a la reforma agraria y al banco de tierras: la tierra para quien no la trabaja

La semana pasada se aprobó la Ley de Agricultura y Ganadería, la primera genérica del sector en Andalucía. La ley deroga la Ley de Reforma Agraria de 1984 e impulsa la enajenación de las tierras públicas aún propiedad de la Junta, 4.700 hectáreas.

El texto con 108 artículos puede que no sea el definitivo hasta que lo apruebe el Parlamento, porque desde que se dio a conocer en octubre de 2016 hasta ahora ha sufrido numerosas transformaciones. Los tropezones son en parte fruto del devenir de una ley de la que se empieza a hablar en los noventa cuando el PSOE de Manuel Chaves gobernaba con el PA; que impulsa José Antonio Griñán en su discurso de investidura en 2012 para contentar a Izquierda Unida, con la que el PSOE sella un gobierno de coalición; pero que acaba siendo fruto de la presión de Ciudadanos por el pacto con este partido para la investidura de Susana Díaz como presidenta en 2015. Varios consejeros han tenido el encargo sobre la mesa de su despacho sin saber cómo hincar el diente al banco de tierras que exigía Izquierda Unida o al respeto al máximo de la iniciativa privada y a recortar burocracia, como quiere Cs. Han sido cinco los consejeros en seis años, todos del mismo PSOE, desde Clara Aguilera, Luis Planas, Elena Víboras, Carmen Ortiz, hasta el actual, Rodrigo Sánchez Haro.

Ortiz y Sánchez Haro son los responsables del articulado de una ley criticada por su ambición genérica sin concretar mucho a expensas de los reglamentos posteriores. Los dos han puesto el foco en la conservación de la tierra de labor frente a la especulación, con las llamadas zonas de especial relevancia; y en la cadena alimentaria para reducir el desperdicio de los alimentos (el 30% de lo que se produce se tira) y puedan ser aprovechados con fines sociales.

La ley da carpetazo definitivo a una etapa y a una política que fue emblema del primer gobierno socialista de la Junta de Andalucía, el que, presidido por Rafael Escuredo, echó a rodar la autonomía en 1982. La nueva Ley de Agricultura incluye al final de su articulado, con una mención somera, la derogación de Ley de Reforma Agraria. Tan parca como la nula observación al respecto del Consejo Consultivo que ha dado el visto bueno, entre cuyos consejeros se encuentra el mismo Rafael Escuredo que la alentó.

Un adiós en silencio a una ley que marcó los primeros años de la autonomía andaluza. Un silenció llamativo en cuanto apenas se ha producido debate en la sociedad andaluza, ni incluso entre los sectores jornaleros y de izquierda.

El Instituto Andaluz de la Reforma Agraria (IARA) no pudo expropiar con la ley de 1984, pero sí comprar. Sumando lo que heredó del Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA) franquista intentó una política de reparto de tierras a cooperativas con más de 20.000 hectáreas. La casi única experiencia que ha sobrevivido es la de Los Humosos (1.600 hectáreas) en Écija y Marinaleda, que continúa generando riqueza y empleo para todo un pueblo.

La administración autonómica intenta desde hace una década finiquitar aquel proyecto de los 80. En 2011 se aprobó la extinción del IARA en la Ley de Reordenación del Sector Público, que incluía la enajenación de las fincas públicas a manos privadas. La supresión del IARA fue incluida en el paquete que la Junta entregó al Ministerio de Hacienda para el ajuste de gasto y deuda impuesto por la estabilidad presupuestaria y la crisis. «La Junta no es agricultora», dijo la consejera de Agricultura, Clara Aguilera, al poner en marcha el proceso para devolver la tierra a la iniciativa privada.

Esta situación sirvió de acicate a Izquierda Unida cuando al llegar al Gobierno de la Junta en 2012 presiona al PSOE sobre el banco de tierras, una fórmula de tutela administrativa parecida a lo que fue el IARA. Hubo incluso una iniciativa parlamentaria de IU al respecto, declaraciones del consejero Luis Planas con voluntad de ponerlo en marcha e incluso tres millones de euros en los Presupuestos con este fin.

Con las elecciones de 2015 y el nuevo Gobierno de Susana Díaz  con el apoyo de Cs se vuelve al plan antiguo. La nueva Ley de Agricultura excluye cualquier mención al banco de tierras y fija como objetivo prioritario la venta de las tierras públicas y su conversión en propiedad privada.

Fuente: artículos en Diario Sur de María Dolores Tortosa.

Redacción

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