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Enchufismo y despilfarro en una fundación de formación y empleo de la Junta

La disuelta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) tenía a 1.870 personas contratadas en el año 2010. Así lo declaró un antiguo empleado a los agentes de la Guardia Civil que investigan las irregularidades en subvenciones para cursos de formación gestionados por esta fundación de la Junta de Andalucía. Creada por el Consejo de Gobierno andaluz el 28 de enero de 2003, se financiaba con subvenciones excepcionales autonómicas destinadas a ayudar a personas desempleadas a encontrar un empleo.

La Unidad Central Operativa (UCO) confirma que la Faffe funcionó como «una agencia de colocación para el PSOE andaluz». Así lo acredita en un atestado entregado el pasado 7 de junio al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que investiga a la Faffe.

El informe recoge los testimonios de 56 antiguos empleados y analiza los procesos selectivos, así como una auditoría encargada por el Gobierno andaluz que reveló que habían sido contratadas irregularmente 8.844 personas entre 2009 y 2011. De este modo, unos fondos públicos que debían ser un instrumento para disminuir el desempleo se convirtieron en un rentable negocio político para unos cuantos.

Los investigadores que han seguido el rastro del dinero de las subvenciones para cursos de formación y contratación gestionadas por la Faffe, ponen números a esta supuesta red de nepotismo. La información procesada «permitiría confirmar, incidiariamente, la vinculación, directa o indirecta, de más de 200 empleados con diferentes fuerzas políticas y sindicales», principalmente con el PSOE, concluye el informe.

La situación no ha cambiado. Cuando la Junta liquidó la fundación en 2011, el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) subrogó a sus 1.291 personas empleadas y la mayoría continúan en nómina de la agencia pública que gestiona las oficinas de empleo.

La Junta concedió una subvención de 16,6 millones de euros incluso el mismo día que había decidido extinguirla. En abril de 2014, tras un agujero millonario descubierto por la Cámara de Cuentas de Andalucía durante una fiscalización rutinaria sobre los cursos de formación, la Fiscalía Superior de Andalucía descubrió que la fundación pública había acumulado ayudas por casi 50 millones poco antes de desaparecer, dinero que no justificó.

Según contaron los propios trabajadores, el proceso de selección se limitaba a una entrevista. Para cubrir las vacantes, la Faffe realizaba ofertas genéricas a través del Servicio Andaluz de Empleo o recurría a un sistema informático donde los candidatos volcaban sus currículos. La falta de control y publicidad supuso un caldo de cultivo perfecto para el enchufismo.

Un extrabajador aseguró a la UCO que la Faffe funcionó como «un nido para pagar favores políticos». De hecho, el exconcejal del PP de Camas (Sevilla) Eduardo Cabeza Rodríguez, fue colocado en un centro de La Rinconada, perteneciente al ente público, mes y medio después de protagonizar un episodio de transfuguismo al prestar su voto al candidato socialista, Rafael Recio, para arrebatar a IU la Alcaldía.

La sensación de endogamia era compartida por muchos trabajadores. Dos meses antes de las elecciones municipales de 2007, María del Carmen Ibanco, esposa del actual alcalde de Sevilla, Juan Espadas (PSOE), por entonces viceconsejero de Medio Ambiente, se incorporó a la Faffe y actualmente trabaja en el SAE.

Redacción

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