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Helena Maleno ante la justicia marroquí

La activista almeriense e investigadora experta en migraciones y trata de personas Helena Maleno, acudió ayer al Tribunal de Apelación de Tánger, donde estaba citada para prestar declaración. La justicia marroquí la investiga por un supuesto delito de favorecer la inmigración irregular debido a las llamadas de alerta que Maleno realiza a diario a Salvamento Marítimo cuando una embarcación con migrantes se encuentra en aguas del Estrecho. El juez la ha vuelto a citar para continuar declarando el próximo 31 de enero.

La portavoz de Caminando Fronteras ha prestado declaración durante dos horas aproximadamente y esta nueva citación entraba “dentro de lo previsible”. Lo consideran una “buena noticia”, ya que entienden que el juez se está tomando su tiempo para estudiar el caso, que se basa hasta el momento en un dossier elaborado por la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de España, dependiente de la Comisaría General Extranjería y Fronteras. Una documentación que ya fue archivada por la Audiencia Nacional en 2017 al no encontrar indicios de actividades delictivas.

Según precisan fuentes de su defensa, el juez marroquí ha informado de que Marruecos no posee pruebas ni información sobre actividades delictivas contra la investigadora. La policía española, que inició esta investigación en 2012, solicitó a Marruecos que interviniera los teléfonos de Maleno para investigar tanto sus llamadas a los servicios de rescate como sus conversaciones con los propios migrantes y las familias de éstos. Sin embargo, tras dos años de escuchas, Marruecos informó a la policía española de que no encontró nada que la incriminase ni la vinculara con las redes del tráfico de personas.

La abogada de Maleno ha presentado nueva documentación que ahora el juzgado marroquí deberá estudiar, entre ellas el archivo de la investigación de la Audiencia Nacional y los diferentes trabajos y estudios que la activista ha realizado para diferentes organizaciones, entre las que se encuentran el Defensor del Pueblo de España, el Consejo General del Poder Judicial, Women’s Link o el Servicio Jesuita Migrante.

Su trabajo de defensa de los Derechos Humanos ha sido premiado por el Consejo General de la Abogacía Española en 2015 y por la Unión Progresista de Fiscales en 2014.

Fuente: Público.

Redacción

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