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“Inmunidad” estadounidense en la Base de Morón para despedir trabajadores

El Tribunal Supremo (TS) ha desestimado los recursos de casación formulados por los sindicatos y el comité de empresa de la sociedad adjudicataria del contrato de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa para los servicios civiles de la base de Morón de la Frontera (Sevilla), contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que declara “ajustado a derecho” el despido colectivo acometido en 2014 sobre 55 empleados d nacionalidad española.

Hablamos del expediente de regulación de empleo (ERE) acometido en 2014 por Vinnell-Brown & Root Spain (VBR), como sociedad gestora de los servicios civiles de la base aérea de Morón para las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa (Usafe), toda vez que el contrato correspondiente a dichos servicios está actualmente en manos de otra empresa estadounidense, Vectrus en concreto.

Este despido colectivo afectó a 55 trabajadores, tratándose del tercer ERE promovido por Vinnell-Brown & Root Spain durante los años en los que estuvo encargada de los servicios civiles de esta base militar cuyo uso comparten España y Estados Unidos. A través de estos tres ERE, la empresa se desprendió de un total de 240 trabajadores, durante un periodo marcado por cierto por el crecimiento de la presencia militar estadounidense en la base.

El incremento de la actividad militar en la base fue tal, que España y Estados Unidos firmaron una enmienda al convenio bilateral de cooperación que desde 1988 regula el uso de esta base, para que el contingente estadounidense radicado en Morón pasase de aproximadamente 850 infantes de marina y 17 aeronaves, a un despliegue permanente de 2.200 militares, 500 civiles y 21 aeronaves.

El comité de empresa de la sociedad encargada de los servicios civiles de la base avisaba así de una estrategia predeterminada de sustituir paulatinamente a los trabajadores españoles por personal estadounidense o directamente por militares.

En cualquier caso, el ERE de 2014 fue recurrido ante la sala de lo Social del TSJA, que a través de una sentencia emitida en octubre de 2015 desestimaba el recurso colectivo de los trabajadores despedidos, declaraba “ajustado a derecho” este ERE y no entraba siquiera a conocer las “pretensiones” deducidas por los recurrentes contra Estados Unidos y la Usafe, dada su “inmunidad de jurisdicción”.

Y es que según el TSJA, en el convenio bilateral de defensa entre España y Estados Unidos “se hace valer expresamente por los Estados Unidos su inmunidad ante los tribunales españoles, respecto de su gobierno y fuerzas armadas, por los procesos promovidos por los empleados de las contratistas que efectúan sus trabajos en España para las Fuerzas de Estados Unidos”. Así, el Alto tribunal andaluza circunscribía el conflicto a “la extinción de unos contratos de trabajo entre una contratista y sus trabajadores y en ningún caso entre Estados Unidos y éstos”.

Fuente: Cadena Ser.

 

Redacción

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