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La Agencia de la Vivienda de Andalucía expulsa de su hogar a una víctima de violencia de género

La Agencia de la Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) tiene previsto desahuciar este 21 de junio a Natividad Ibáñez y a su hija, menor, de la vivienda de alquiler social que ocupan “irregularmente” en la Zona Norte de Granada. Una resolución del Juzgado de Instrucción número 3 de Granada avala su expulsión después de que fuera reclamada por la familia del adjudicatario, su expareja, quien comunicó a AVRA su renuncia pero no pudo entregar las llaves por estar ocupada la VPO.

El caso de esta mujer ha despertado la solidaridad de numerosos colectivos, empezando por Stop Desahucios, por su particular situación: no sólo es madre, sino que “ha sido víctima de violencia de género” y cuenta con un informe de los Servicios Sociales Comunitarios que certifican su riesgo de exclusión social. Sin embargo, su drama tropieza con una cruda realidad: la lista de espera para soluciones habitacionales a las familias en riesgo de exclusión social Andalucía. Ella quiere quedarse en el que se ha convertido en su hogar, especialmente buscando lo mejor para su hija, pero la Junta de Andalucía aplica la ley que obliga a respetar el orden para tener acceso a este derecho.

Desde AVRA sostienen que le han brindado todo su apoyo a esta mujer, “pero ha rechazado hasta tres alternativas de alojamiento que se le han ofrecido para que no quede desprotegida antes del lanzamiento”. En concreto, “se le propusieron dos alojamientos provisionales” hasta que haya libre otro destino para ella, igual que una asignación de 900 euros del Ayuntamiento de Granada para gestionar un alquiler en el mercado privado hasta que le otorguen otro público “por el procedimiento reglamentario”, lo que puede tardar unos meses en vista de su puesto en la lista de demandantes.

Las mismas fuentes de la Junta de Andalucía justifican el desahucio porque lo ha ordenado un juzgado y exponen que la VPO fue ocupada en marzo de 2016, poco después de que el titular de la misma “tuviera que ausentarse por un tiempo para ser tratado por enfermedad, circunstancia que aprovechó ella para acceder de forma ilegal al inmueble, donde permanece hasta la fecha”.

Sin embargo, desde Stop Desahucios, matizan estos extremos. Se remontan a 2013, cuando AVRA le adjudicó a la pareja una vivienda de protección oficial en régimen de alquiler social, sita en el número 36 de Galería de Aguirre. “Tras varios episodios de violencia de género, en 2015 se separaron y el hombre se marchó del hogar, quedando madre e hija como inquilinas”. Plenamente integradas en el barrio, con la niña matriculada en el colegio más próximo, se ven obligadas a marcharse porque las tres alternativas son “inasumibles”.

Fuente: eldiario.es – Andalucía

Redacción

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