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La Junta arruina a las agencias de alquiler de vivienda de Andalucía

Las agencias de fomento de alquiler se crearon a mitad de la primera década de este siglo (en los planes de vivienda 2003-2007 y 2008-2012) con el fin de tramitar las subvenciones, gestionar los recibos e intermediar entre los contratos de inquilinos, propietarios y la Administración autonómica. La normativa estaba diseñada para que los jóvenes andaluces se emanciparan.

Los propietarios recibían ayudas de 6.000 euros por poner su piso vacío en alquiler a través de las agencias. A los inquilinos se les otorgaba una subvención por el 40% de la renta y no la tenían que pagar de modo inmediato. Los agentes recibían 600 euros el primer año y 600 el segundo por cada contrato firmado. En principio, todos ganaban.

No hubo problemas mientras hubo dinero. Sin embargo, cuando la Junta previó  que se quedaba sin dinero, mediante una orden de 2010 (a mitad del segundo plan), modificó el decreto que regulaba estos planes y dejó la mayoría de los expedientes tramitados durante el segundo plan sin abonar, lo que supone muchos millones de euros para los afectados.

Una sentencia del juzgado contencioso-administrativo número 7 de Málaga del pasado 27 de noviembre le ha dado la razón a Aparthocasa (una de las agencias que más se desarrollaron) frente a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), antes denominada Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA). El juez precisa que la Junta de Andalucía tendría que haber abonado el segundo de los plazos previstos, lo que la Administración autonómica no hizo, como se había comprometido en el convenio marco con las agencias. La sentencia deja claro que se vulnera el principio de jerarquía normativa.

Muchas de las agencias en Andalucía se crearon en la creencia de que el dinero iba a llegar todos los años igual. Según la Junta de Andalucía, las ayudas previstas en el programa de fomento del alquiler de viviendas para las agencias de intermediación se contemplaron y aplicaron “como un plus o incentivo para conseguir la colaboración por parte de esas empresas que ya venían desarrollando la actividad inmobiliaria con carácter ordinario. La participación de las agencias intermediarias no debió acarrear para ellas ninguna inversión ni desembolso económico alguno, puesto que su aportación se limitó a realizar una tarea de mediación, con los medios de que ya disponían cuando se sumaron al programa. Además, el único gasto que tenían era la suscripción obligatoria de una póliza de seguro por impagos”.

A juicio de fuentes consultadas por este diario de la Consejería de Fomento y Vivienda, “ninguna agencia debería haberse arruinado” por haber dejado de cobrar estas ayudas, que no eran más que “un complemento e incentivo a su gestión ordinaria y actividad principal”. La Junta argumenta que ya ha abonado ayudas por un importe de 21 millones de euros, que se suma a las cuantías desembolsadas por la Administración andaluza, “también a través de este programa y en formato de subvención, tanto a los propietarios de viviendas arrendadas como a los inquilinos que las alquilaban solicitando acogimiento a las ayudas previstas en dicha iniciativa de la Junta para el fomento del alquiler de viviendas”.

Fuente: El Confidencial.

Redacción

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