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El problema de la vivienda sigue ahí

La Junta de Andalucía sigue sin abordar una de las cuestiones que más preocupa a la ciudadanía. Esta, sin embargo, ha seguido organizándose en torno a colectivos y plataformas como la PAH, Stop Desahucios y el Movimiento Andaluz por el Derecho a la Vivienda, que se han dedicado a parar desahucios, ocupar inmuebles vacíos y denunciar a bancos y fondos buitres.

Los datos hablan por sí solos. En el segundo trimestre de 2017 se registraron 16.859 lanzamientos o desahucios en el conjunto del Estado, según el Consejo General del Poder Judicial. 2.947 tuvieron lugar en Andalucía, que durante ese periodo de abril a junio fue el territorio con mayor número de ejecuciones hipotecarias iniciadas: 1.864, el 24,2% del total. Estos números se complementan, además, con los aportados recientemente por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado español, en su último informe de 2017.

El capítulo referente a Andalucía, se señala que el 41,7% de la población andaluza está en riesgo de pobreza y/o exclusión social, 13,8% más que la media estatal. De manera general, para todos los ítems incluidos en el informe, las tasas de privación de la comunidad autónoma son más altas que las registradas para el resto de España. Los relativos a la vivienda son, de hecho, muy sintomáticos.

El 11,9% de las personas que viven en Andalucía no puede mantener su hogar a una temperatura adecuada por no poder enfrentar un pago de suministros excesivamente elevado. De igual modo, hasta el 52,8% de las familias andaluzas no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos, mientras que el 12,5% de ellas ha tenido que afrontar retrasos en el pago de los gastos de su vivienda en el último año.

Algunas zonas de Andalucía se encuentran en una situación de emergencia habitacional que no para de crecer. Son muchas las familias que tienen problemas para acceder a una vivienda digna, un derecho que, según el Artículo 47 de la Constitución Española, tienen todas las personas en nuestro país.

Hace ya varios años desde que en 2013 el Movimiento Andaluz por el Derecho a la Vivienda pidió a la Junta de Andalucía la declaración del “Estado de Emergencia habitacional en Andalucía”. Con ello se buscaba que las administraciones públicas dieran de una vez por todas una respuesta efectiva a la extrema situación en la que vive una no pequeña parte de la población andaluza.

La respuesta a este reclamo que dio la Junta de Andalucía, gobernada entonces por PSOE e IU, fue aprobar la Ley de la Función Social de la Vivienda, que incluyó como principal novedad la expropiación temporal del uso de la vivienda a bancos en casos en los que hubiera riesgo de exclusión social, ampliada también a avalistas, los cuales hasta entonces no habían tenido cobertura alguna. Sin embargo, dicha ley fue recurrida por el PP ante el Tribunal Constitucional, que no tardó en declarar nulas las disposiciones que recogían la citada medida. A partir de este momento, la Junta de Andalucía, nuevamente cortijo exclusivo del PSOE con el apoyo puntual de Ciudadanos, ha vuelto a situarse en la absoluta pasividad.

En este estado de las cosas, el único modelo habitacional para los que no tienen recursos es la ocupación de vivienda. Gracias a realojos como los que se han venido sucediendo en todo el territorio andaluz desde el 15M se ha podido poner cara al problema de la vivienda en Andalucía.

Fuente: El Salto.

Redacción

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