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Proposición no de ley para impulsar la Memoria Democrática

Con los coletazos todavía esta semana por la fracasada propuesta de Diego Valderas como comisionado de la Memoria Democrática que le hizo Susana Díaz, IU ha apostado por un impulso a esta ley con una propuesta en el Parlamento de Andalucía para que empiecen a ponerse en práctica preceptos que sí contempla el texto.

Para ello ha registrado una proposición no de ley (PNL) en la que, entre otras cosas, insta a pedir que el Gobierno de España envíe a la Junta de Andalucía “copia de toda la documentación relativa a los sucesos del 4 de diciembre de 1977 en Málaga, y en concreto sobre el asesinato del joven Manuel García Caparrós, tiroteado durante la manifestación por la autonomía celebrada en Málaga aquel día. Nunca se supo quién fue el asesino que apretó el gatillo. En 2013, García Caparrós fue nombrado Hijo Predilecto de Andalucía.

En la misma PNL se propone que la Junta de Andalucía inste a que el Gobierno de España proceda también “a la desclasificación de toda la documentación que guarde relación y sea relativa, dentro del ámbito temporal y del objeto de la Ley de Memoria Democrática, a episodios vinculados con la misma”. Especialmente sobre el asesinato de este joven durante la manifestación pro autonomía de Andalucía, tal y como reclama su familia.

Igualmente, la coalición de izquierdas aboga por pedir la transferencia, para depositarla en el Archivo General de Andalucía, de todos los fondos documentales estatales en la materia, y toda la documentación incautada en Andalucía por las fuerzas golpistas durante la Guerra Civil y el franquismo.

La PNL tiene otros tres puntos: elabora un plan plurianual, que comience en 2018 y cuente con consignación presupuestaria que garantice, en un horizonte temporal de 10 años, recursos para la localización y exhumación de fosas; desarrollar todos los órganos previstos en la ley; e instar a que el Gobierno de España emprenda medidas “para hacer efectiva la reparación y el reconocimiento personal a quienes padecieron condenas o sanciones por los tribunales u otros órganos durante la Guerra Civil y la dictadura”.

Fuente: eldiario.es.

Redacción

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