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Una ley “antidesahucios” para 20 casos al año

Esta semana se ha aprobado en el Parlamente de Andalucía el proyecto de la futura Ley de Tanteo y Retracto, que de forma algo propagandística se la denomina “Ley antidesahucios de Andalucía”.

Según la información suministrada por la Junta, esta administración podrá ejercer el derecho de tanteo y retracto ante viviendas afectadas por dación en o ejecuciones hipotecarias. Es decir, en la fase final del proceso judicial, tendrá el derecho de compra preferente sobre estos inmuebles para que los afectados tengan prioridad a la hora de alquilar, a precio asequible, el que ha sido su domicilio habitual. Los afectados podrán recuperar la vivienda si la situación económica de la familia mejora.

El tanteo y el retracto se harán en las daciones en pago, mientras que para los casos de ejecución hipotecaria se reserva solo el retracto, lo que implica intervenir al final del proceso, una vez comunicado el desalojo y concluida la subasta judicial y su adjudicación. La medida se llevará a cabo en un periodo de 60 días naturales a partir de la notificación de la transmisión del inmueble al nuevo adjudicatario.

Mientras Podemos y PP se han abstenido, IU ha votado en contra por ser “un paso atrás en la función social de la vivienda y un rescate bancario implícito bajo la envolvente social”. Para Maíllo, esta es una “ley placebo” en la que la Junta de Andalucía “parece que dice a la banca: tú desahucia, que nosotros pagamos”. “IU no puede apoyar esta ley, que supone una posición muy conservadora por parte de Susana Díaz y que está a años luz de la que nosotros planteábamos con la ley de la función social de la vivienda”. Para IU,  “el PSOE quiere envolver esta ley de un halo social cuando recoge un rescate bancario”.

El portavoz parlamentario de IU Andalucía ha señalado que “el valor de la función social de la vivienda no puede ser objeto de especulación” y ha recordado que “la ley no contempla su aplicación inmediata, si no en 2020, lo que supone profundas deficiencias y un efecto cero”. En este sentido, ha recalcado que la dotación económica de la misma “apenas alcanza a 19 o 20 viviendas al año, en comparación con los miles de expedientes de desahucio abiertos a día de hoy”.

Maíllo ha recordado que este Proyecto de Ley que es “casi un estímulo al desahucio”, se aborda en la Cámara en un contexto de alza de precios del alquiler y de la vivienda, una gestión del parque público que se hace con criterios empresariales y no sociales y con una mayor proporción de venta del suelo público para construcción de viviendas de renta libre  que para la protegida.

Redacción

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