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Vertidos e incendios son los delitos medioambientales más denunciados en 2017

La Unidad de Policía Adscrita a la comunidad autónoma dedicada a los delitos medioambientales interpuso el año pasado un total de 1.193 denuncias por diferentes infracciones y delitos relacionados con esta materia.

Actuaciones que desembocaron en la puesta a disposición judicial de hasta 63 personas, según el balance anual de esta unidad, dependiente de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta. Los datos son ligeramente inferiores a los registrados el año anterior, cuando el número de denuncias ascendió a 1.507 (314 más) y el de personas puestas a disposición judicial a 68 (cinco más).

La mayor parte de las denuncias estuvieron relacionadas con vertidos ilegales, que implicaron el levantamiento de acta de hasta 436 denuncias, con 482 personas implicadas. Uno de los más significativos fue el vertido de orujo al río Guadalquivir procedente de una empresa del municipio cordobés de Pedro Abad, vertido que alcanzó hasta El Carpio, Villafranca de Córdoba y la capital (21 kilómetros de recorrido en total) y que supuso la muerte de cientos de organismos y la recogida de más de seis toneladas de cadáveres de peces, además de daños por valor de unos 244.000 euros.

La segunda causa mayoritaria de denuncias fueron los incendios forestales. No en vano, Andalucía sufrió en 2017 el peor año en la última década en lo que a fuegos se refiere, con más de 15.000 hectáreas de arbolado y matorral calcinadas, más de la mitad de ellas en el entorno del Parque Natural de Doñana, que perdió cerca de 8.500 hectáreas el pasado verano en un incendio cuyo origen presuntamente radicó en una negligencia cometida en una carbonería de la zona.

En total, la Policía andaluza interpuso 200 denuncias y sentó ante el juez por este motivo a 39 personas. Cabe destacar también que los agentes de la unidad especializada consiguieron esclarecer el 77% de los incendios forestales que investigaron (41 de 53), por el 66% de 2016. Otros 17 denunciados fueron puestos a disposición judicial por delitos relacionados con la ordenación del territorio (14 el año anterior) y los siete restantes, por delitos contra la protección de especies y recursos, dos menos que en 2016.

Fuente: 20 minutos.

Redacción

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