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Vía libre a la destrucción del patrimonio cultural andaluz

La Hacienda Ibarburu, un  inmueble histórico, declarado Bien de Interés Cultural en 2002 por la Junta de Andalucía, no sólo ha sido expoliado, sino destruido en gran parte. Un auténtico desastre patrimonial que se ha cebado con una de las joyas de la arquitectura agropecuaria de Andalucía.

La falta de vigilancia en el edificio, que desde septiembre no cuenta con guardas por decisión de los propietarios, ha dejado desprotegido un caserío que desde hace décadas venía acusando un alarmante deterioro y que ahora, más que una restauración, requeriría una reconstrucción casi integral.

La Hacienda, situada entre Dos Hermanas y Los Palacios, a pie de la N-IV, es uno de los ejemplos arquitectónicos más destacados de las fincas de olivar del ámbito sevillano. Data del siglo XVIII y ha sido gravemente expoliada en las últimas semanas. Todavía hoy se pueden ver materiales apilados y listos para ser retirados.

Las Haciendas del campo andaluz son (fueron) la expresión de un modelo económico y social sin cuyo conocimiento no es posible entender el ayer, ni el hoy, de Andalucía. Fueron, a la vez, centros de trabajo y transformación industrial (almazaras), residencia temporal de jornaleros agrícolas (gañanías) y residencia también temporal de los señores (palacios). Las que se conservan hoy son testimonios de una sociedad, de un mundo, que ya no existe pero que está en la base del que actualmente vivimos.

La Hacienda Ibalburu era uno de los ejemplos más destacados, y bellos, entre esos testimonios. De aquí que fuera declarado, en 2002, Bien de Interés Cultural, o sea, legalmente protegido con las obligaciones que ello supone tanto para la propiedad (actualmente la familia Pickman) como para las administraciones públicas. Pues no ha servido para nada.

Es un ejemplo más de la violación sistemática de la ley en Andalucía en cuanto refiere al Patrimonio Cultural. Ni se ha obligado a la propiedad de la Hacienda a cumplirla, ni las administraciones (a nivel local, provincial y/o autonómica) han intervenido con una mínima eficacia para asumir subsidiariamente lo que esa ley determina. El resultado ha sido el desastre.

Se trata de una hecho lo suficientemente grave como para la exigencia de responsabilidades, sanciones, dimisiones o destituciones.

Fuente: Diario de Sevilla.

Redacción

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