Economía

Los posibles cambios en la nueva política agraria comunitaria

Desde Bruselas no llegan buenas noticias respecto a la reforma de la Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2021-2027. Parece que habrán cambios de prioridades y existe la amenaza de la exigencia de la cofinanciación por parte de los Estados y la Unión Europea. La reducción del presupuesto tendrá que suplirse con la financiación de los Estados.

Los principales temores frente a la nueva PAC que se avecina se centran principalmente en la financiación, en el presupuesto comunitario y las propuestas lanzadas desde la Comisión Europea de posible cofinanciación, lo que a la postre supondría una renacionalización de la Política Agraria Común, quitando sentido a la palabra Común, ya que los países cofinanciarían la política agraria en función de su disponibilidad de dinero o de sus intereses, generando una Europa con distintas velocidades.

Andalucía, que recibe aproximadamente 1.500 millones de euros de la PAC, tiene un 57% de población viviendo en el medio rural, y es, por número de explotaciones (unas 250.000), por valor de la producción (más de 9.000 millones de euros) y por el empleo que genera (casi el 30% del empleo agrario por cuenta propia del Estado y más del 60% por cuenta ajena), entre otras razones, la principal región agraria de Europa.

En lo que se refiere al Marco Financiero Plurianual (el presupuesto europeo), la Comisión tiene que tener una propuesta lista para el próximo mes de mayo. Las reuniones y documentos en estos meses se suceden. Hace poco se conoció un documento interno en el que se plantean tres propuestas que van desde mantener la situación actual, es decir mantener el presupuesto de 400.000 millones de euros para agricultura, que supone un 37% del presupuesto total, con matices, ya que habría una reselección de los agricultores perceptores; una reducción del 30%, con un recorte de 120.000 millones, o una opción intermedia de recorte del 15%, unos 60.000 millones menos.

Por otro lado, se plantea aumentar la contribución de cada país al presupuesto europeo, que ahora es del 1% de la renta nacional bruta. El Parlamento propone un aumento hasta el 1,3%, mientras que la Comisión plantea elevar la contribución al 1,1% o el 1,2%. Países como España, Francia o Alemania se han manifestado ya favorables. También se plantean implantar nuevos impuestos europeos.

Al darle más peso a los estados tiene un riesgo muy importante, depende de la voluntad de cada país. Se desvirtúa la política común, que de hecho, tiene ya una parte de las ayudas renacionalizadas, como son los fondos al desarrollo rural (segundo pilar).

Dentro de los aspectos positivos que se rumorean es establecer unos límites de ayudas por arriba a los perceptores de la PAC. Es decir, el reparto de las ayudas tendría en consideración a quien más dificultad tiene, a las explotaciones de una dimensión menor, a las explotaciones familiares, a las que viven en el territorio. En la agricultura andaluza, con la presencia de grandes latifundios, provoca que grandes cantidades de dinero acaben en las cuentas corrientes de las grandes fortunas andaluzas.

Redacción

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