Medio ambiente

La Guardia Civil no encuentra correos electrónicos claves en la investigación del caso Aznalcóllar

La Guardia Civil no localiza más de un año de correos electrónicos que resultan claves en la investigación del caso Aznalcóllar, una circunstancia “que ha mermado la cantidad de información obtenida fruto del análisis realizado, lo que condiciona las conclusiones” de las pesquisas. Los correos electrónicos se obtuvieron de cintas magnéticas de seguridad en las que, año tras año, se almacenaba la copia de seguridad de cada una de las cuentas”. En caso de borrado de la información era necesario acudir a cada una de las cintas “y seguramente a cada cuenta para borrar los correos”.

La UCO (Unidad Central Operativa) del Instituto Armado analizó e-mails durante tres años de 12 funcionarios y tres altos cargos. En total, 124.012 correos electrónicos. Y durante un año no hubo rastro alguno. “No encontraron nada, lo cual no quiere decir que se desvirtúe el caso”, señala el abogado que representa a Emerita, la empresa que perdió el concurso de adjudicación de la mina.

Los correos electrónicos, en los que analizaban los derechos de explotación de yacimiento minero, se quedaron en el disco duro de cada terminal “y así es fácil borrar cualquier huella”, confirman a este diario fuentes próximas al caso. Tanto Minorbis-Grupo México, adjudicataria de la mina, como Emerita Resources contactaron con directivos de la Consejería de Empleo y la Dirección General de Minas.

Estas mismas fuentes recuerdan cómo Minorbis, la adjudicataria de la concesión de la mina junto al Grupo México, causante del mayor desastre ambiental en las aguas de este país de los últimos tiempos, está negociando con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para modificar el proyecto en Aznalcóllar. “La corta de la mina está inundada de aguas tóxicas, con metales contaminantes y cancerígenos. El proyecto depurado para el agua es mentira”.

Hay más agujeros negros en este caso. Falta aún el informe de la Intervención General del Estado (IGE) que podría suponer la imputación de toda la mesa de contratación de la mina. La juez ha argumentado que necesitaba este informe para decidir. Las previsiones apuntan a que aún faltarían al menos un par de meses para que la resolución de IGE estuviera ya culminada. Los testigos también siguen apareciendo por los juzgados, como el caso de Mario López Magdaleno, presidente de Magtel, socio minoritario de Minorbis/México, y con grandes intereses vía subvenciones y ayudas directas de la Junta de Andalucía.

Fuentes jurídicas próximas al caso dan por hecho que el caso acabará en juicio y que la jueza acabará elevando el caso a la sección séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, la misma donde tiene una plaza la juez Mercedes Alaya. “La Audiencia ya se ha pronunciado en varias ocasiones que existen indicios severos de delitos y que el concurso no tenía que haber pasado ni siquiera la primera fase ni desde el punto de vista técnico ni jurídico”, subrayan esta mismas fuentes.

Fuente: El confidencial.

Redacción

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