Medio ambiente

La Junta incumplió la ley para reabrir otra mina

La Junta de Andalucía se ha saltado la ley en su política de minas más allá de las sospechas que también se ciernen sobre el Gobierno andaluz a cuenta del concurso minero de Aznalcóllar.

El Tribunal Supremo acaba de confirmar que la Administración andaluza incumplió la legislación vigente para permitir en el año 2009 la reapertura de la mina de Las Cruces, la mayor explotación de cobre a cielo abierto de Europa que se ubica en los términos municipales de Gerena, Guillena y Salteras, en la provincia de Sevilla.

La Junta, según la sentencia del Supremo, dio su visto bueno a que Cobres Las Cruces, una filial de la canadiense First Quantum, reanudase su actividad en julio de 2009 después de paralizarla a consecuencia de la contaminación por arsénico del acuífero Gerena-Posadas, declarado estratégica para consumo humano en época de sequía y del que se abastece además la planta industrial del yacimiento minero.

El episodio contaminante en el acuífero llevó a ordenar el cese de la actividad en la mina y sólo se podía reactivar tras un permiso expreso de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). De hecho, fue este organismo el primero que ya en mayo de 2008 instó la paralización del yacimiento y, como consecuencia, la Junta hizo lo mismo después.

La Administración autonómica consideró en abril de 2009 que Cobre las Cruces ya cumplía todos los requisitos para reabrir, a pesar de que el permiso del organismo de aguas no se firmó hasta el mes de julio. Un permiso que, además, otro juzgado ya declaró irregular y lo anuló en noviembre de 2014.

En el centro de este cúmulo de ilegalidades está la Dirección General de Minas, la misma que está siendo investigada por la UCO de la Guardia Civil en el caso Aznalcóllar en el concurso por el que se adjudicó el yacimiento a Magtel y Grupo México.

La contaminación del acuífero no sólo derivó en el cierre temporal de la mina, sino que, además, dio origen a una causa penal por la que llegaron a ser condenados los entonces máximos directivos por un delito contra el medio ambiente y otro de daños al dominio público.

Ecologistas en Acción, que denunció los hechos y acudió a los tribunales, ha anunciado ya su intención de pedir la ejecución de la sentencia del Supremo, lo que supondría el cierre de la mina de cobre de forma cautelar hasta que se garantice «al 100% que deja de extraer ilegalmente aguas subterráneas públicas».

Fuente: El Mundo Andalucía.

Redacción

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