Cádiz

El juicio contra extrabajadores de Delphi señala a la Junta de Andalucía como responsable en el fraude por la contratación en cursos de formación

Delphi
La fábrica de Delphi en Puerto Real

Desde esta semana, en el Juzgado de lo Social no 3 de Cádiz, se está llevando a cabo un juicio contra un colectivo de extrabajadores de Delphi en por su presunta participación en la contratación fraudulenta para cursos de formación, donde están afectadas la Consejería de Empleo, la Fundación Universidad Empresa (FUECA), sindicatos y un colectivo de 416 extrabajadores, después de haber recibido cursos de formación por parte de FUECA cobrando fondos del Servicio Estatal Público de Empleo. En 2013, un año después de que acabara esta formación, la Inspección de Trabajo alertó de que había irregularidades en el mecanismo de contratación, en un informe en el que advirtió que “un desempleado no puede recibir un sueldo que suponga cotización y posible percepción de un posterior subsidio por desempleo por asistir a un curso formativo”.

El segundo día de la vista estaba destinado a la aportación de los testigos citados, 5 extrabajadores, 5 por parte de los sindicatos, 2 de FUECA y 5 de la Consejería de Empleo, donde nadie por parte de la administración andaluza se personó.

Las declaraciones estuvieron basadas en la inocencia de los extrabajadores, argumentando que “para nada tenían que ver en la contratación, solamente seguían el mandato firmado con la Junta de Andalucía con el Protocolo de Colaboración del 4 de julio de 2007”, el cual establecía “la obligatoriedad de realizar los ciclos formativos”.

Posteriormente, testificaron responsables de FUECA, argumentando que en ningún momento la intención era la de contratar “de forma fraudulenta, solo seguían las pautas marcadas por la Junta y la inspección”.

A continuación era el turno de los sindicatos, de los cuales declararon dos, optando la parte demandante a desestimar tres de los testigos de los sindicatos, los cuales declararon en la misma línea, excluyendo a los extrabajadores y sindicatos de cualquier culpabilidad en este asunto.

En el turno de la Consejería de Empleo, parte a la cual señalaban todas las partes como responsable, no acudió nadie para testificar.

La próxima sesión del 8 de septiembre se suspende por decisión del juez, acordando que las partes deben entregar por escrito sus conclusiones para poder dictar sentencia.

Redacción
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