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CGT Andalucía continúa denunciando “bloqueo” en emergencias del 112


La Federación Andaluza de Transportes y Comunicaciones (FATyC), sindicato miembro de CGT Andalucía, ha denunciado “la falta de personal” en los servicios de Emergencias 112 Andalucía, lo que está provocando colas en la atención de las emergencias y el caos generalizado en las salas de coordinación, ante la impotencia de la plantilla que no consiguen quitar el “rojo incandescente” como indicativo de las llamadas en espera.

Según este sindicato, la situación se produce por “el incumplimiento generalizado de los pliegos de condiciones por parte de la empresa Ferrovial, adjudicataria del servicio en Andalucía, y la complacencia con ello por parte de la Consejería de Justicia e Interior, responsable del servicio”. De esta manera, “se convierte en un cóctel explosivo que estalla a la ciudadanía que recurre al 112 para las emergencias donde, como en el caso del pasado fin de semana, numerosos incendios en nuestra geografía provocaron el colapso de las llamadas”.

Según explica la central sindical, muchas llamadas tuvieron que esperar al menos 4 minutos para atender emergencias, demostrando que son “motivos más que suficientes para poner en tela de juicio la calidad del servicio”. En palabras de CGT Andalucía, la gestión telefónica tiene a 11 personas en la central regional de Sevilla y “debería haber 17”, sin nombrar personal de guardia. El caso más grave ocurrió en Granada, con 3 personas y una caída a nivel informático y telefónico.

Para este sindicato, “la Consejería de Justicia e Interior omite su responsabilidad y deja hacer y deshacer a Ferrovial, que, como empresa con ánimo de lucro, desprecia las necesidades en materia de emergencias de la ciudadanía andaluza, limitándose a llenar aun más sus arcas a costa de la vida de las personas”.

Desde CGT se exige “a la Junta de Andalucía que haga cumplir los pliegos de condiciones a Ferrovial, dotando de la plantilla necesaria con unas condiciones de trabajo dignas a los 10 centros de trabajo del 112 ubicados en Andalucía y que se replantee el cese de las empresas comisionistas, dando cumplimiento a las proposiciones no de ley aprobadas en el Parlamento Andaluz, para que estos servicios públicos se presten directamente desde la Administración, sin intermediarios que se lucran con ingentes cantidades de dinero público y sobre las que la Administración no ejerce ningún tipo de control”.

Redacción

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