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Los profesores universitarios vuelven a la huelga y la Junta impone servicios mínimos del 100%

La Dirección General de Relaciones Laborales y de Seguridad y Salud Laboral de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía ha emitido una resolución, al hilo de la huelga promovida para el próximo lunes por la Asamblea de Ayudantes Doctor y Contratados Doctor Interino de la Universidad de Sevilla (US) por la precariedad de sus condiciones, en la que establece que en cada centro se realizarán todos los exámenes que se encuentren debidamente programados desde el día 11 de septiembre y que deberán atender estos servicios “los profesores indispensables”, es decir, todos aquellos responsables de las asignaturas y departamentos correspondientes.

Tras la resolución, el portavoz de la asamblea, Carlos Bueno, ha calificado de “brutal” una decisión “que es un gravísimo atentado al derecho fundamental de huelga”. Aunque los servicios mínimos impidan una constatación efectiva del paro en los exámenes, “desde el lunes estaremos nominalmente en huelga”.

Pese a que los docentes cumplirán la resolución, Bueno ha avanzado que recurrirán la decisión y ha recordado que la convocatoria es indefinida, por lo que, una vez pasadas las pruebas de septiembre, “seguiremos en huelga y afectará al curso”.

El colectivo “nunca tuvo intención de que los exámenes se viesen afectados cuando en el mes de julio se anunció la convocatoria de huelga indefinida para septiembre”, pues, según su portavoz, “siempre se pensó que en el marco de un proceso de negociación abierto en aquellas fechas la convocatoria ayudaría a encontrar una solución razonable que pusiese fin al conflicto”.

“Sin embargo, no fue así. Insistimos en que nunca fue nuestra pretensión que los estudiantes no tuvieran exámenes en el mes de septiembre, sino la de facilitar la obtención de una solución a una situación absolutamente injusta, y no obstante nos hemos encontrado con la constatación de una nueva y gravísima vulneración de derechos al profesorado de las universidades andaluzas con la fijación, por parte de la Junta de Andalucía –a la que precisamente, tras una prórroga de la convocatoria del 4 al 11, pedían intermediación en el conflicto–, de unos servicios mínimos del 100 por ciento en los exámenes y sus correcciones”, ha manifestado Bueno.

Para los afectados, “era difícil de imaginar que el Gobierno andaluz implantara semejantes servicios mínimos en una actividad que en absoluto puede entenderse como servicio público esencial: dichos servicios mínimos no se ven ni en las huelgas de sanidad”.

Redacción
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