Columnas, Opinión

Andalucía, área de extracción y de vertido

En el proceso de conformación de la economía-mundo, Andalucía compartió desde muy pronto con los territorios del Sur su condición de abastecedora de productos primarios; también aquí este modo de inserción tuvo que ver, como en América Latina, con la conquista castellana, que en el siglo XVI está ya en los inicios de un proyecto de imperio, dentro de la península y fuera de la misma, que puso en marcha en Andalucía muchos de los métodos de colonización y dominación que luego se extrapolaron al continente americano. Desde entonces se fueron perfilando y reforzando los rasgos de una estructura agraria caracterizada por una fuerte polarización social configurada en sus extremos por los “agraciados” en el “reparto” de la tierra y quienes sólo disponían de sus brazos para trabajarla.

El tránsito del antiguo al nuevo régimen, ya entrado el siglo XIX, es en Andalucía la historia del triunfo de la propiedad privada de la tierra y de la consolidación de la posición hegemónica de la burguesía agraria, al mismo tiempo que tiene lugar un importante retroceso de las formas comunales en el uso de la tierra y en gran medida el ocaso del patrimonio de los municipios andaluces. En este siglo, la riqueza minera localizada en el subsuelo andaluz, conocida y apreciada desde muy antiguo, abastecerá las necesidades de materias primas de los nacientes complejos industriales europeos. Andalucía ejerció entonces como “uno de los santuarios de la minería mundial”, “paraíso de los metales” en el que fue extraída “una riqueza ingente, transferida en su casi totalidad al extranjero”. Testigo mudo de ese extractivismo voraz, en la cuenca minera de Riotinto, bajo el dominio absoluto del capital inglés, tuvo lugar en 1888 (“el año de los tiros”) el primer conflicto medioambiental del que se tiene constancia en Europa, saldado con una masacre, a raíz de las protestas por las calcinaciones al aire libre en teleras que llegaron a verter a la atmósfera 300 t diarias de gases tóxicos (dióxido de azufre) que se extendían poniendo en peligro gravemente la vida de la comarca.

Con estos antecedentes de explotación colonial, en los años 60 del siglo XX aparece ya claramente dibujada una división territorial del trabajo dentro del Estado español en la que Andalucía, a su condición de economía primaria añade, durante el tiempo que conviene a necesidades ajenas, la función de exportadora de fuerza de trabajo para “atender” las exigencias del crecimiento y la acumulación de capital en otras economías. Una sangría humana que desde la “ciencia económica” se justificaba, en un alarde de reduccionismo pero también de prepotencia, como algo conveniente para los andaluces en la medida en que propiciaba la “convergencia” o aproximación de rentas por habitante entre la economía andaluza y otras economías más “avanzadas”.

Ya en los años 80 Andalucía continúa siendo una economía cuya especialización se centra en la degradación de su patrimonio natural; durante los últimos 40 años la economía andaluza acentúa su papel de abastecedora de productos agrícolas a los principales centros de consumo en la Unión Europea. Una dedicación que se va estrechando y concentrando en hortalizas, frutas y olivar. Con una agricultura sumida en una permanente huida hacia delante en la intensificación de los cultivos en la que el aumento incesante de los rendimientos por hectárea es la salida que los agricultores han encontrado para contrarrestar la doble presión a la que se ven sometidos: deterioro del valor asignado a sus productos -precios percibidos-, y costes de producción crecientes. Esta doble presión termina siendo trasladada hacia las partes más vulnerables del modelo: los recursos del entorno y una mano de obra en la que hoy las condiciones de trabajo han dado pié a hablar de nuevas formas de esclavitud. La agricultura andaluza apoya su funcionamiento en la degradación de las condiciones sociales y ecológicas del entorno en el que se localiza.

Los campos andaluces constituyen hoy plataformas agroexportadoras –en el caso del olivar, 1,5 millones de hectáreas-, en las que megacorporaciones de la distribución y grandes compañías de “agronegocios” imponen sus condiciones. Un modelo que resulta familiar en una economía extractiva como la andaluza, donde zonas próximas a los campos en los que hoy se localiza la agricultura intensiva de Almería o Huelva, -Rodalquilar, Alquife o Riotinto-, conocieron cómo la vida de la comarca estuvo bajo el dominio del amo: “La compañía”, hasta que esos espacios dejaron de ser “objetos del deseo” del capital exterior y quedaron en una situación de profunda depresión y abandono. Para el camino recorrido el titular podría ser: del cobre, al “oro rojo”; del cobre a los cultivos intensivos de fresa.

De cualquier manera y al socaire de la reactivación de la demanda de minerales a escala mundial, hoy asistimos a una reactivación de la minería andaluza, que en 2014 se propone desde el Gobierno andaluz, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, como uno de los pilares de un “nuevo modelo productivo”, propiciándose un “impulso definitivo” a esta actividad extractiva con la reapertura de explotaciones como las del  complejo Sotiel Coronada o Riotinto. En trámite, la puesta en marcha de nuevo de la mina de Aznalcóllar, que en 1998 y bajo la explotación de la compañía sueca Boliden dio lugar al que fue calificado como el mayor desastre medioambiental ocurrido nunca dentro del Estado español. La concesión, en proceso judicial bajo sospecha de irregularidades en la adjudicación, se ha hecho a Minorbis- Grupo México, compañía responsable, entre otros conflictos ambientales, de la mayor catástrofe ecológica sucedida en México, ocurrida en 2015.

Junto a estas actividades, el turismo, que deja muy poco valor monetario en Andalucía: el 13% de lo que supone en la economía española. Aparece aquí como importante más bien por ausencia de otras actividades que sobresalgan más que ella. En ciertos casos, como la colonización masiva del litoral, es un “monocultivo” asociado a la apropiación y extracción de riqueza que supone la utilización del territorio andaluz para localizar procesos articulados en circuitos dominados por turoperadores que utilizan diferentes espacios en sus estrategias globales de revalorización del capital.

Por otra parte, en el recorrido de estos últimos cuarenta años nuestro tejido industrial no ha dejado de deteriorarse, de manera que si en los 80 nos quejábamos de su extrema debilidad, que se traducía en una participación en la producción industrial española de alrededor diez por ciento, cuatro décadas después estamos sobre el siete-ocho por ciento. Como mínimos, estamos donde estábamos. Pero a pesar de esa debilidad industrial en el polo petroquímico de Huelva tenemos localizado el que ha sido reconocido por el Parlamento Europeo como el mayor vertedero de residuos industriales de Europa.

En las marismas del río Tinto, en contacto con un espacio de alto valor ecológico y de zonas protegidas por diversas Directivas Ambientales de la Unión Europea, en el estuario de las marismas del Odiel, declaradas por la Unesco Reserva de la Biosfera, y a medio kilómetro de Huelva, en una superficie de 1.200 hectáreas se han vertido durante los últimos cuarenta años alrededor de 120 millones de toneladas de fosfoyesos. Estos residuos contienen, según estudios del CSIC, substancias radioactivas de larga duración y fuerte toxicidad y metales pesados en concentraciones bastante por encima de las permitidas por la legislación vigente.

En relación con la utilización de los territorios periféricos como vertederos de residuos tóxicos, Joan Martínez Alier alude a la que él denomina “regla de Laurence Summers”, economista principal del Banco Mundial en 1992 que en un memorándum interno justificaba desde el punto de vista “estrictamente económico” la localización de la contaminación en los espacios empobrecidos, porque “la medida de los costos de una contaminación que afecte a la salud depende de los ingresos perdidos por la mayor morbilidad y mortalidad. Desde este punto de vista una cantidad dada de contaminación nociva para la salud debería ponerse en el país con el costo más bajo, es decir el que tenga los salarios más bajos. Pienso que la lógica económica que hay detrás de llevar una carga dada de residuos tóxicos al país de menores salarios es impecable y deberíamos reconocerla”.

Con el tiempo, Andalucía, utilizando una expresión de Eduardo Galeano, ha ido perfeccionando esa “especialización en el perder”. Después de un largo recorrido histórico, Andalucía continúa existiendo al servicio de necesidades ajenas. Persiste en su papel de sirvienta, y no cabe esperar que esta situación cambie extrapolando las tendencias que prevalecen en la actualidad; no podemos esperar que los problemas se resuelvan desde la misma lógica que los ha provocado. Para revertir la situación, las soluciones hay que buscarlas fuera del sistema, desde una mirada muy diferente a la que propone la ideología dominante.

Autor: Manuel Delgado Cabeza.

Este artículo de Manuel Delgado Cabeza, catedrático de economía de la Universidad de Sevilla, es parte del capítulo del libro coordinado por Pablo Palenzuela y editado por Icaria “Antropología y compromiso. Homenaje al profesor Isidoro Moreno”. Ed. Icaria – Universidad de Sevilla, 2017. Para facilitar la lectura se han suprimido las citas, que pueden consultarse, así como la bibliografía, en: Descarga capítulo completo “El fin del extractivismo. Algunas condiciones para la transición hacia un postcapitalismo en Andalucía”.

Manuel Delgado Cabeza

Catedrático de economía y miembro de Asamblea de Andalucía.

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