Columnas

Cataluña y la quiebra de la Constitución del 78

Hoy he escuchado a Rajoy, en una conferencia de prensa sin posibilidad de preguntas -como él está acostumbrado a hacer- afirmar con total rotundidad y convicción que sólo lo que es legal es democrático. La cuestión me parece muy importante, no por el personaje que la ha planteado sino porque mucha gente tiende a pensar eso mismo.Y hacer equivalente uno y otro concepto es muy peligroso, además de falso. 

Ha habido y existen leyes claramente antidemocráticas (incluso las dictaduras y las tiranías montan su legalidad) y prácticas democráticas que no están respaldadas por ninguna ley o que, para hacerlas posible, es preciso desbordar el marco legal. La legalidad no puede ser un fetiche al que se sacrifiquen la legitimidad y los derechos irrenunciables, tanto individuales como de los pueblos. Y esto es también válido referido a las constituciones, que no son otra cosa que el resultado jurídico de la correlación de fuerzas en cada momento histórico. 

Es esto lo que explica que la CE del 78, la “ley de leyes” como la llaman algunos cursis, posea aspectos que son, sin duda, una herencia del franquismo: la sacralización de la “unidad” e “indivisibilidad” de España, la monarquía, la bandera, el papel del ejército, el especial tratamiento a la iglesia católica, el no reconocimiento de la plurinacionalidad del estado… Como tiene otros aspectos que fueron una concesión de los franquistas reconvertidos a la oposición política “respetable” (PSOE, PCE y nacionalistas vascos y catalanes de centro-derecha) a cambio de rehusar a la lucha por la “Ruptura” y a la aceptación de la “Reforma” (del régimen franquista): la legalización de los partidos y sindicatos, el parlamentarismo, la inclusión del término “nacionalidades” (aunque sin explicitar su significación), la afirmación de una serie de derechos (aunque sin establecer cómo se garantizarían estos)… Fue una transacción vigilada de cerca por las entonces denominadas “fuerzas fácticas”, que sirvió para que el Sistema (económico-social) se mantuviera y expandiera con el amparo de un Régimen (político) de democracia de baja intensidad, basado en el bipartidismo de la alternancia, que frenó las reivindicaciones populares y las aspiraciones nacionales y tenía las características mínimas para ser homologado por Europa (a cambio, también, de poner nuestro territorio a disposición de la OTAN y nuestros mercados a disposición de las grandes corporaciones trasnacionales) . Como toda transacción, la constitución hoy todavía vigente fue producto de un contexto histórico determinado y por ello la pretensión de eternizarla, si acaso con solo algunas pequeñas reformas, es vana. 

Ahora, que desde Catalunya se ha roto aquella transacción (que esto es a lo que llaman los profesionales de la política y el 99% de la prensa “el desafío catalán”) y su parlamento, de forma mayoritaria, ante la imposibilidad de un referéndum de autodeterminación negociado con el estado español, ha ido más allá de lo que la constitución contempla, se hace evidente que ha quebrado aquel ideal de “transitar desde una legalidad a otra legalidad distinta a través de la ley” (que es como, según los idealizadores de la “Transición” se habría hecho hace ahora cuarenta años, ocultando el enorme déficit democrático de la nueva legalidad, es decir de la constitución). 

Ha sido el propio PP, con el apoyo entusiasta del PSOE y de otros acólitos secundarios, quien ha hecho imposible la transición desde un estado uninacional y autoritario a un estado plurinacional y más democrático. Por ello, el modelo político ha quebrado. ¡Parece mentira que, ante el cierre total de esta posibilidad, ahora tantos se escandalicen porque en Catalunya se hayan “atrevido” a desbordar la legalidad vigente y a establecer una legalidad propia, a la que se le podrán poner muchas objeciones pero que emerge de la mayoría de su Parlament! 

Más allá de los múltiples interrogantes que podamos plantearnos, este es el quid de la cuestión. Y debería ser el eje respecto al cual posicionarnos quienes no somos catalanes (el decidir sobre su futuro les corresponde a ellos, como pueblo-nación) ni somos nacionalistas españoles, defensores de la “España una, grande y libre” (libre para que decidan libremente sobre ella, según convenga a sus intereses, las grandes empresas, los banqueros y sus cómplices políticos).

Isidoro Moreno Navarro
Catedrático Emérito de Antropología Social. Miembro de Asamblea de Andalucía.
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