Columnas

“Ni una menos” o cuando fracasan los eslóganes

Los datos de las encuestas del CIS son, un mes tras otro, dolorosamente esclarecedores. En la pregunta 7 se pide a las personas encuestadas que indiquen, a su juicio, cuáles son los tres principales problemas que existen actualmente en España.

En el Barómetro de abril, la violencia machista – en la pregunta se dice “violencia contra la mujer”-  el 0,4% de las persona encuestadas opina que es el principal problema; el  1,2% indica que es el segundo problema; el  1,3%, que es el tercer problema. En total, ni tres personas de cada 100 (2,8%) sitúan la violencia machista entre los tres primeros problemas que tiene España en la actualidad.

A la pregunta “¿Cuál es el problema que a usted le afecta más?”, una persona de cada 200 sitúa la violencia contra las mujeres en el primer, segundo o tercer lugar de sus preocupaciones personales.

Este segundo dato es aún más demoledor que el primero, porque indica que en nuestra sociedad, solo un reducido número de personas ven la violencia machista como un problema que les afecte. Y esta creo que es una de las razones por las que el número de asesinadas – ellas o sus hijos e hijas- no hace sino aumentar.

¿Por qué este desentendimiento? Pienso que las razones son variadas y de diverso peso e índole.

En primer lugar, está la lógica patriarcal, según la cual las mujeres, todas las mujeres, somos percibidas como subalternas y, por tanto, como prescindibles y fácilmente reemplazables. Este mensaje se ve reforzado a diario por las leyes del mercado: las mujeres trabajan menos, en trabajos precarizados y mal remunerados, sin que empresas y empresarios sean penalizados o señalados social y políticamente por ello. Es más, algunos de estos empresarios esclavistas invluso son ensalzados como próceres de la patria.

Sobre esta base ideológica hay que interpretar el resto. Y un elemento fundamental de ese resto es cómo los medios de comunicación se hacen eco de la violencia machista.

La noticia sobre el último asesinato machista, ocurrido en Andalucía, nos puede ilustrar sobre ello. El estándar informativo es hablar de “una mujer muerta presuntamente a manos de su pareja o ex-pareja”. A continuación, en el desarrollo de la noticia se indica, en la primera frase, que la asesinada no había presentado denuncia por malos tratos.

Sobre la última asesinada, la noticia se han dado con los estándares informativos de siempre: una mujer muerta a manos de su pareja… y en el desarrollo se sitúa, en primer plano, la información de que la mujer asesinada no había denunciado, mientras, por lo general, obvian este dato, si la asesinada había presentado denuncia.

Para empezar, utilizar la expresión “morir a manos de…” supone eliminar cualquier referencia al sujeto asesino. Y a nadie se escapa que, en castellano, no son sinónimos morir y ser asesinada.

A ello se suma la intención política de resaltar que no ha habido denuncia. En Andalucía, el mensaje oficial, del feminismo institucionalizado, es que la denuncia salva vidas. Pero sabemos que no siempre es así. Y las estadísticas empiezan también a desmentirlo. Porque denunciar salva vidas si se acompaña de otras medidas. Ojalá la denuncia sola tuviera ese efecto salvífico. En realidad se hace hincapié en este dato, no tanto para salvar a las mujeres, cuanto para que las administraciones salven la cara de su responsabilidad, trasladándola al sujeto mujer. De este modo, el mensaje es si no denuncias, no podemos protegerte; luego, tu muerte, al menos en parte, es responsabilidad tuya. Así de descarnado. Este mensaje coincide, por cierto, con el que se elabora, también desde las administraciones, sobre la salud: lograrla y mantenerla parece ser una empresa individual, responsabilidad de cada uno. Ni los recortes en los servicios de salud, ni la degradación ambiental, ni la mala calidad de la alimentación, ni la pobreza, ni la herencia biológica, al parecer, tienen nada que ver en ello…

Cada asesinato desencadena el ritual: los minutos de silencio, los días de luto oficial y las declaraciones sobre la necesidad del pacto de Estado.

Personalmente, estoy muy harta de ese ritual y de que cada nuevo asesinato se utilice para poner en el candelero el asunto del llamado pacto de estado, una maniobra, en la que colaboran, aunque sea de buena fe, muchas feministas, para llevar poco a poco a la conciencia de la ciudadanía que esa sería una solución.

Pactar con el Estado sobre este asunto es muy peligroso y no parecen alcanzarse del todo las consecuencias de reclamarlo.

El Estado se dice que es soberano, esto es, gestiona la soberanía de los sujetos; pero esta soberanía, una vez depositada en el Estado, es sustraída a los sujetos, a los colectivos y a los pueblos que, con esa operación, quedan desposeídos de su capacidad de decidir sobre sus vidas, de reclamar sus derechos individuales y colectivos, más allá de lo que el Estado esté dispuesto a concederles. Todo ello,  por su propio bien y por el bien del constructo llamado pueblo español, base del nacionalismo estatalista españolista, que, no obstante, no impide a quienes se proclaman defensores a ultranza del mismo. venderlo al mejor postor, en el mercado global, o votar con entusiasmo suicida a quienes lo hacen.

Que el Estado desposee a los sujetos de su soberanía lo sabemos muy bien las mujeres. Solo hay que analizar la trayectoria de las leyes sobre el aborto en este país. Nunca esta cuestión se ha planteado en términos de soberanía de los cuerpos. Y ya, en el colmo del cinismo y el ninguneo político, se habla de este derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo como una cuestión de “salud sexual y reproductiva”. El mismo paralelismo se puede establecer cuando se habla de eutanasia y del derecho a decidir sobre la propia muerte…

Es decir, el Estado es soberano y puede decidir sobre la vida y la muerte de los sujetos.

Pues bien, es a ese Estado soberano, que propicia y perpetúa la desigualdad entre los sujetos, a ese estado jerárquico y patriarcal, a ese papá estado, cuyas instituciones han manejado a placer los dos partidos de la turna bipartidista desde la muerte del dictador Franco, a ese Estado, al que se le está pidiendo que resuelva el problema.

Y otra cuestión: ¿qué problema queremos resolver? Se contesta que el de la violencia machista. Y se lo pedimos a unas instituciones en manos de sujetos y sujetas que hasta tienen problemas para pronunciar la frase violencia machista, o sea, tienen problemas para llamar a las cosas por su nombre, prefiriendo expresiones como violencia doméstica, violencia en el seno del hogar, violencia contra la mujer, etc….

¿Sería siquiera planteable que a una mujer se le pidiera, como modo de salir de su situación, que se dirigiera a su agresor, a su acosador, a su ninguneador, al empresario que le rebaja el sueldo o la despide cuando vuelve de su permiso maternal, a esos que son los agentes de su precariedad y su miseria económica y emocional, para solicitarles, por favor, que dejen de pegar, de acosar, de rebajarle el sueldo o que la readmitan?  Pues eso es lo que se está pidiendo al Estado con este pacto: que sea bueno, que haga de buen padre – padre, no madre…- y que destine más dinero de los presupuestos. Migajas, medidas para paliar el problema, para acabar (?) con esta “lacra”, otro modo de nombrar con trampas. Porque la lacra es la secuela de una enfermedad. Y la violencia machista no es ninguna enfermedad, es el resultado de la actuación de hijos sanos del patriarcado.

¿Se resolvería, al menos en parte, el problema de la violencia machista con asignación económica? El dinero es necesario, la lucha contra la violencia machista debe tener una partida presupuestaria, pero siendo necesario, no es suficiente. ¿Por qué creen que se aprobó hace un mes en el Congreso que los hijos e hijas de las víctimas de violencia machista reciban una pensión de orfandad? ¿Todavía no la recibían?

Es un gesto de gran oportunismo político que muestra cómo a muchos de nuestros políticos les resulta más fácil apoyar a las asesinadas, con sus rituales, que defender a las vivas con medidas legislativas, de alcance social y político.

¿Está sirviendo de algo contemplar los impactos de género en los presupuestos y contar a las mujeres asesinadas para acabar con la desigualdad y los asesinatos? Pues eso es lo que hace el estado: contar asesinadas, con mucho cuidado, para que no se desmadren las estadísticas, destinar cantidades simbólicas a las y los huérfanos, mientras hace desaparecer de los presupuestos la partida destinada a la violencia de género, hacer rituales para las víctimas y poco más. O sea, incidir sobre las consecuencias de la violencia, pero no sobre las causas. Y eso ni siquiera siempre.

Creo que es hora de plantearse la necesidad de comprometerse social y políticamente  contra el machismo. Hay que preguntar a las fuerzas y partidos políticos si están dispuestos a legislar, por ejemplo, contra la apología o la práctica del machismo con la misma insistencia que se legisla contra la apología o la práctica del terrorismo.
¿Qué pasaría entonces con las “manadas” y quienes las jalean? ¿Y con las sentencias que culpabilizan a las víctimas de las agresiones? ¿Y con los presentadores de tv que hacen entrevistas infumables, por machistas? ¿Y con los rectores de universidad que conocen el acoso sexual y miran para otro lado? ¿Y con lxs periodistas que hablan de “muertas” y no de “asesinadas”?¿Y con los parlamentarios que utilizan en la tribuna expresiones claramente machistas y denigrantes para las mujeres?

Quizás antes de convertirse en encubridorxs, alentadorxs o justificadorxs del machismo, se lo pensaran dos veces. Se ha elaborado, con total diligencia e impunidad, una “ley mordaza” contra los derechos ciudadanos más básicos, que da carta blanca a los llamados “cuerpos de seguridad” – se han recaudado más de 13 millones de euros en multas, desde su implantación-, pero no se ve la necesidad ni la oportunidad de legislar contra el machismo y los machistas. ¿Invocando qué? ¿Quizás la libertad de expresión? ¿Los sacrosantos derechos individuales? ¿Los derechos humanos?

Pues sí, precisamente invocando los derechos humanos, hay que hacer leyes para mantener a las mujeres, y a sus hijo e hijas vivos. Por el derecho a la vida y a una vida que merezca el nombre de humana. Hay que comprometerse con las vivas, porque los minutos de silencio son el reconocimiento de un gran fracaso. Pero me temo que ni la sociedad ni la clase política que nos gobierna ven todavía esta necesidad. No sé cuántas asesinadas – ellas o sus hijos e hijas- van a ser necesarias para que más de un 0,6% considere que la violencia contra las mujeres es un problema que le concierne.

Pura Sánchez Sánchez
Licenciada en Filología Hispánica. Responsable área de Educación y Cultura de Asamblea de Andalucía.
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