Columnas, Opinión

Menores de edad

A lo largo de la Historia de la humanidad, aquellas personas que han detentado el poder (usualmente hombre varones, blancos y cristianos) se han aplicado con denuedo en mantenerlo. Para ello se han valido en un primer momento de la violencia (el Estado es en esencia violencia). Pero cuando el poder se alcanza, para su conservación no basta con emplear la fuerza porque, al ser siempre muchos más los dominados que los dominadores, la fuerza bruta sería insuficiente. Es necesario, pues, que los dominados acepten la existencia de un orden legal que valide el sometimiento y un orden moral que lo justifique. De esta manera, cualquier intento de modificar la relación de poder entre poderosos y dominados será considerado no sólo ilegal sino que contará con el reproche de la mayoría de la población.

Quizás una de las instituciones que más han contribuido a perpetuar una relación de dominación ha sido la “minoría” o “incapacidad” de una persona o un grupo humano de tomar por si mismo decisiones que les afectan directamente. En la mayoría de los casos esta negación de capacidad de obrar se reviste de caridad, ayuda, protección o necesidad de tener en cuenta otros intereses en juego. Pero no nos engañemos, en todos ellos nos encontramos ante situaciones de desigualdad en la que una de las partes ejerce su poder sobre la otra para beneficio propio.

Así, durante siglos se consideró (y desgraciadamente aún persiste) que las mujeres no tenían capacidad suficiente para realizar determinados actos. Por ejemplo: hasta que no se reformó el Código Civil en 1975 la mujer casada no podía comprar ni vender bienes inmuebles y los notarios y registradores, aplicando la legalidad, se negaban a escriturar o inscribir tales actos. O varias décadas antes no se consideraba que una mujer pudiera participar en la toma de decisiones políticas a través del voto o realizar estudios universitarios. En todos estos casos se argüía una supuesta incapacidad o falta de desarrollo mental que justificaba una tutela por un hombre. En otras ocasiones la justificación de las relaciones de dominación está en la existencia de otros intereses afectados que es preciso proteger de tal manera que son varias las personas que debieran participar en la toma de decisión. Así en un divorcio sería necesario contar con el consentimiento del cónyuge (así continúa sucediendo en muchos países) o en caso de interrupción voluntaria del embarazo existen intereses y voluntades que supuestamente importan tanto como los de la mujer embarazada. En la práctica lo que se está es perpetuando la dominación del varón sobre la mujer negándole a ésta su derecho a decidir sobre su vida o cuerpo.

En el ámbito de los grupos humanos sucede algo similar. Durante siglos los grupos que han ostentado el poder se han dotado de un cuerpo legal que ha impedido que los grupos dominados cambien el orden de cosas o si quiera lleguen a ser considerados como tales grupos, negándoseles incluso su propia existencia. Ya en la dominación de las Américas la Monarquía Hispánica actualizó una institución, la encomienda, que bajo la supuesta finalidad de proteger y defender a los indígenas los esquilmaba y les negaba cualquier posibilidad de decidir su futuro. Durante los siglos XIX y XX el imperialismo y colonialismo que arrasó África se revistió bajo la figura del Protectorado que pretendía civilizar a personas de supuesto bajo nivel intelectual y de desarrollo evolutivo.

En nuestras sociedades occidentales contemporáneas tampoco nos hemos librado de esta lacra de tutelar sociedades e individuos o negar su derecho a construir su futuro. Y naturalmente siempre está ahí el ordenamiento jurídico y la justificación moral que perpetúan la dominación. El hecho de que toda la vida política haya de canalizarse a través de los partidos políticos, que se consideran “instrumento fundamental para la participación política” (artículo 6 de la Constitución española de 1978) no es sino una muestra del temor que producía a los constituyentes otros mecanismos de organización de la sociedad civil que pudieran descontrolarse tales como asociaciones, plataformas, consejos vecinales, cooperativas, etc.

Pero la Democracia no es otra cosa que poder del pueblo y respeto a la soberanía de cada persona y de cada grupo humano en el ámbito que le es propio. De abajo hacia arriba y no al revés. ¿Llegará el día en el que decidamos poner en práctica los ideales de Blas Infante y Pi y Margall? Para eso es preciso tejer redes, desarrollar el movimiento cooperativo y la sociedad civil. Cultivar el respeto al diferente y humanizar las relaciones públicas y privadas. Ese día cada persona tendrá derecho a decidir sobre su vida, su cuerpo o su sexualidad sin imposiciones externas. Y cada barrio, ciudad, comarca o nación decidirá las cuestiones que afecten a su ámbito de competencia sin tener que consultar para ello al resto de españoles. Es hora de que dejemos de considerarnos a nosotros y a nuestros semejantes como eternos menores de edad.

Autor: Daniel Escalona Rodríguez.

Daniel Escalona Rodríguez

Jurista y funcionario de la Junta de Andalucía.

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