Columnas, Opinión

Militarizarlo todo

Fue en el invierno de 2010 cuando el Gobierno socialista español considerado “más progre” desde la Transición, mediante Real el Decreto 1673/2010, de 4 de diciembre, por el que se declara el estado de alarma para la normalización del servicio público esencial del transporte aéreo firmado por el ministro de la Presidencia Ramón Jáuregui, ​ y sancionado por el entonces rey Juan Carlos I, ordenó a las 22:45 horas la militarización del espacio aéreo. Los efectivos del Ejército del Aire cumplieron con sus órdenes y tomaron  bajo su mando los centros de control de tráfico aéreo y las torres de los principales aeropuertos civiles.

Estaban acometiendo –muy probablemente sin conciencia de ello- un verdadero proyecto de I+D+I en el ámbito del  Derecho Laboral. Y es que al PSOE no puede reprochársele, desde luego, que no hayan sido pioneros en muchas cuestiones. En esta, se pusieron a la cabeza de una práctica que observamos sigue teniendo hoy en día recorrido y un futuro prometedor por delante.

Volviendo a la historia reciente, fue el Consejo de Ministros quien en convocatoria extraordinaria (eso sí que son causas muy justificadas para reunir al alto órgano colegiado) declaró el estado de alarma por un espacio de quince días, el máximo contemplado por la Constitución. Constitucionalistas que son algunos, oiga. Y no quedó ahí la cosa, el 15 de diciembre y a propuesta, de nuevo,  del Consejo de Ministros del tan “progre” Gobierno Socialista, el Congreso de los Diputados prorrogó hasta el 15 de enero de 2011 el estado de alarma. En definitiva mes y medio de intervención de las Fuerzas Armadas con el único propósito de liquidar –empuñando las armas- los intereses laborales de los controladores aéreos. Misión cumplida, que se dice en el argot. 

La entrada por fases a las diversas estructuras de la OTAN (primero de entrada no, luego de entrada sí -a la estructura civil- y después de entrada también -a la estructura militar-) no pasó desapercibida para nuestros gobernantes e incluso ha inspirado un nuevo modelo de relaciones laborales. Militarización frente al ejercicio de derechos. Que algún grupo de trabajadores convocan huelga, pues ¡a mí la Legión!

Y es que la OTAN es, con absoluta seguridad, una organización más sanguinaria y mortífera -atendiendo al número de víctimas- que todas las organizaciones oficialmente consideradas terroristas juntas. Lo que ya sabíamos en el 86 se confirma décadas después. Y lo peor de todo es que el mismo esquema de pensamiento se reproduce hasta alcanzar ámbitos como el antes denominado sociolaboral.

Parecía que el derecho a la huelga era de los fundamentales de la Constitución pues estaba consagrado en el artículo 28. Al menos eso nos dijeron en la Facultad. Pero se ve que nos explicaron la lección a medias. O que no lo pusimos en relación con el Código Militar. Quizá fuera eso. Y así se entiende que si los trabajadores de una subcontrata multiservicios (sí, EULEN) infinitamente condenada por nuestros tribunales deciden ir a la huelga encuentren a la Guardia Civil ejerciendo de esquiroles proactivos bajo disciplina cuartelera. Y es que no todo acabó en la Benemérita con la detención de Roldán. Show must go on!

El Gobierno del PP sigue la senda marcada por sus antecesores y nos ha ofrecido este verano el segundo episodio de la “militarización laboral”. Se agradece –eso sí- que busquen ocupación efectiva para los militares ociosos (queda demostrada la inutilidad del Ejército si en los cuarteles nadie tiene nada mejor que hacer que sustituir a huelguistas) y justificación para los desorbitados gastos militares. Ahora bien, podemos arreglarnos sin ellos. Seguro que es posible solucionar conflictos laborales sin echar mano a la cartuchera. Incluso sin apuntar y por supuesto sin la presencia de armas de fuego portadas por quienes defienden exclusivamente los intereses de una de las partes. El pistolerismo –que parecía erradicado de las relaciones laborales- vuelve pisando fuerte. 

Quizá suene a paraíso escandinavo pero es perfectamente posible dialogar y negociar sin recurrir a las exhibiciones del poder de la coacción, la violencia y la fuerza física. Esto, sencillamente, no es democrático.

Pero de todo lo bueno, hay que extraer algo positivo y es que solo atendiendo a algunos de los conflictos laborales abiertos en la actualidad en Andalucía, quizá en breves podamos ver a los regulares corrigiendo exámenes en la Universidad de Sevilla, a los legionarios limpiando las instalaciones del Corté Inglés de la Plaza del Duque, a los paracaidistas supliendo a las telefonistas de las centrales de emergencias o a la artillería atendiendo a los menores con necesidades educativas especiales en los centros de educación públicos de infantil y primaria.

Y otra opción es la vuelta al servicio militar obligatorio, tal como ha anunciado Suecia que hará para el próximo 2018. Aquí probablemente sí les sirva a algunos el ejemplo escandinavo.

Luis Ocaña Escolar
Abogado y miembro de Autonomía Sur Cooperativa Andaluza.
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