Columnas, Opinión

El Pacto de Estado contra la violencia de género (II). Mucho ruido y pocas nueces

Ya anunciaba en un artículo anterior, que completaría el análisis del Pacto de Estado contra la “violencia de género” con el análisis de las medidas concretas. http://portaldeandalucia.net/opinion/pacto-estado-la-violencia-generoi-remake-poco-creativo-actores-mediocres/

En el tiempo transcurrido entre una y otra publicación, el texto del Pacto ha cumplido su trámite parlamentario y se ha aprobado definitivamente, sin unanimidad, dado que Podemos se ha abstenido, por considerarlo insuficiente y sin garantías de financiación y aplicación. Pero lo prometido es deuda, y aquí está el análisis de las medidas concretas.

La ruptura del silencio

Bajo este bonito, y hasta poético, epígrafe, se incluyen 55 medidas, organizadas en siete apartados. En el primero de ellos, se refieren 22 medidas de sensibilización y prevención en Educación.

En primer lugar, creo que son ganas manifiestas de confundir llamarle medidas a acciones o actuaciones que se nombran como “solicitar”, “garantizar”, “profundizar”, etc. con la verborrea del poder, que quiere dar a entender a la ciudadanía voluntades políticas tan inequívocas, dicen, como difusas e imprecisas.

En segundo lugar, de las 22 “medidas” propuestas, solo la número 11 – considerar para la concesión de becas que se excepcione la exigencia del umbral académico, cuando haya violencia de género- representa una novedad respecto a las actuaciones que los planes de Igualdad en Educación de Andalucía proponen. Con unos resultados pobres y muy insuficientes. Porque donde estos planes deben demostrar su eficacia es precisamente en la transformación de las mentalidades, en el cambio en el modo de pensar y actuar respecto al machismo, la desigualdad de hombres y mujeres y el feminismo.

En 2012, coordiné en USTEA, un trabajo de análisis y valoración de los planes de igualdad y coeducación en Andalucía, al que se puede acceder en este enlace:

Análisis y valoración de la incidencia de los planes de igualdad y coeducación

En Andalucía, el primer plan entró en vigor en el curso 2005-2006. Si miramos las cifras de participación, que es lo que hace la administración educativa, , los resultados son muy positivos. Y no podía ser de otra manera, dada la obligatoriedad de participar. Pero cuando se desciende al análisis cualitativo, los resultados son bastante menos esperanzadores.

Sin embargo, para armar el II Plan de Igualdad en Educación, en vigor actualmente en Andalucía, no se ha efectuado ni una sola línea de análisis cualitativo, y en el preámbulo se achacan los escasos logros a que “la igualdad es un proceso social de lento avance”, sin darse cuenta del sinsentido que esta afirmación encierra; es decir, el objetivo de estos programas debería ser precisamente acelerar ese avance. Que no suceda así solo significa que lo que se está haciendo no funciona.

Bueno, pues estas medidas, insisto, ya puestas en marcha en Andalucía, y con estos resultados tan mediocres, son las que plantea el Pacto de Estado. Además, se incide en la misma metodología de los planes andaluces: las campañas, actuaciones descontextualizadas del currículo, puntuales y discontinuas, que tienen escasa incidencia en los cambios de mentalidad y que parecen más bien pensadas para justificar a las administraciones públicas y ocultar su inacción política. Cuando no para malgastar los insuficientes fondos que se destinan a luchar, dicen, contra la violencia de género. A las campañas de sensibilización dedica el texto ocho medidas, entre ellas la de implicar a las administraciones locales en este proceso de sensibilización. Algo muy necesario, efectivamente, pero que no se entiende cómo y por qué todavía no se ha hecho.

En este apartado primero se nombran expresamente a los “sectores vulnerables”, aunque no puede por menos que sorprender que únicamente se mencionen como tales a los “refugiados y refugiadas”. Dado el número, ridículo, de refugiados que acoge el estado español, esto parece más bien una broma, un brindis al sol, bastante burdo, de los muchos que encierra el pacto.

El apartado de medidas de sensibilización de los medios incluye 17 medidas, centradas en la web, el sector cinematográfico, la televisión y otros, pero ni una sola mención a la prensa escrita, esa que recibe subvenciones y que sigue alojando en sus páginas anuncios de prostitución, por ejemplo. Eso sí, se propone “recuperar” el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, siguiendo el ejemplo de comunidades autónomas como Andalucía, donde hay un Consejo Audiovisual, que, casi dos meses después del episodio de Juan y Medio, que tanta alarma social creó, no ha sido capaz de emitir un dictamen.

Este apartado de sensibilización y prevención se cierra con una medida en el ámbito del deporte, dos en el ámbito laboral y tres en el de la sanidad.

La medida de “sensibilización” en el deporte consiste en ampliar las sanciones administrativas a los clubes deportivos que permitan apología de la violencia de género en los encuentros deportivos. Para ello se tiene que cambiar la ley correspondiente , que es de hace 10 años. Al parecer, no ha habido tiempo de hacerlo todavía.

Una de las dos medidas de sensibilización y prevención en el ámbito laboral, es el reconocimiento a las empresas con responsabilidad social corporativa en materia de violencia de género. El gobierno andaluz, siempre tan pionero, hace unos días, ha tratado de legislar sobre esta idea y ha cometido la pifia, ya conocida, de declarar como víctimas de violencia de género también a los hombres. Y sí, han rectificado el “error”, sustituyendo “hombres y mujeres” por “personas”… y tan anchos… Y todo ello porque no tienen claro que el origen de la violencia contra las mujeres es el machismo. Que la violencia de género es un problema de hombres, que sufren las mujeres.

En cuanto a las medidas en el ámbito sanitario, “mejorar la detección precoz de la violencia de género en los centros sanitarios”, parece ser algo necesario; sin embargo, sin bien se analiza, tiene todos los visos de ser una memez. Me explico. Para detectar la violencia en un centro sanitario, esa violencia ya debe de haberse producido y dejado huella, física o psicológica. Y no olvidemos que estamos en el apartado de prevención y sensibilización. Dicho de otro modo: ¿Cómo se detecta precozmente un moratón? ¿Cómo detectar precozmente el origen de la tristeza o la baja autoestima de una mujer en una consulta en la que el o la profesional sanitarios tienen tres minutos para dedicar a cada paciente?

Medidas preventivas, pues, difusas o de probada ineficacia… Mal empezamos.

Mejorar la respuesta institucional, perfeccionar la asistencia a las victimas, intersificar la protección a los menores

En general, que se utilice, para nombrar estos apartados, los términos “mejora”, perfeccionamiento” e “intensificación” indica que se ha hecho poco pero bien, por lo que hay que hacer más de lo mismo. Y para dar a entender que se amplía el campo de actuación, se citan realidades que si bien son muy duras, como la de los matrimonios forzados o la trata de personas, no es algo determinante en España, en relación a la violencia de género.

Además, se añaden medidas de coordinación, aumento de efectivos e integración de sistemas de datos, en el apartado de “Seguridad”, medidas cuya ejecución y puesta en funcionamiento dependen del ejecutivo, sin leyes que lo impidan. Mientras tanto, el Ministerio del Interior, ha estado perdiendo el tiempo en hacer un retrato del maltratador, de sus pulsiones y motivaciones. Dan ganas de responder “Es el machismo, estúpido! Es el machismo!”

El grupo más amplio de medidas, de estos tres apartados, se sitúan en el ámbito de la justicia. No me siento capacitada para analizar y valorar el alcance de muchas de ellas, pero recojo el criterio de personas, profesionales del Derecho, con quienes he tenido ocasión de compartir una sesión de análisis y reflexión sobre el Pacto. Estas profesionales sostienen que hay en estas medidas una tendencia criminalizadora y represiva que podría vulnerar los principios de igualdad y proporcionalidad y que se instituye el Derecho Penal, la herramienta más autoritaria del Derecho, como único instrumento de lucha contra la violencia de género. Y, lo que es tan preocupante como lo anterior, que con este Pacto se consagra la apropiación del discurso de género por el poder, lo que significa la renuncia a la transformación de la sociedad, esa que justamente pretende el feminismo.

Mal vamos, por tanto si, para luchar contra la violencia machista, armamos medidas inseguras jurídicamente y de dudoso alcance transformador. Necesitamos con urgencia explorar vías alternativas, que respeten la autonomía y la opinión de las mujeres, instrumentos paralelos al derecho penal.

En cuanto a la asistencia y atención a las víctimas, las medidas no significan ningún cambio en la orientación del trabajo que se ha venido haciendo hasta ahora. Perfeccionar la metodología del trabajo con las víctimas es necesario, desde luego, pero cuando dicho perfeccionamiento se pretende acometer sin una mejora clara en la financiación, sino que esta se deja en nebulosa, y cuando hablamos de víctimas, estamos hablando ya, de entrada, del fracaso de las políticas contra la violencia, de que ninguna de las actuaciones de prevención, sensibilización o mejora de la respuesta institucional han funcionado.

En cuanto a intensificar la asistencia y protección de menores, habría que preguntarse si medidas tan necesarias precisan de un pacto de estado para ponerse en marcha. Resulta incomprensible, por ejemplo, que los huérfanos por causa de violencia de género no tuvieran prestación alguna, que se siga imponiendo la custodia compartida y sus consecuencias en caso de violencia de género, que no se suspenda el régimen de visitas a un padre maltratador, etc.

Y todo lo demás

El resto de medidas van dirigidas al impulso a la formación, el seguimiento estadístico, las recomendaciones a las comunidades autónomas, la visualización de otras formas de violencia contra las mujeres, el compromiso económico y el seguimiento del pacto. En total, 55 medidas cuyo ámbito de incidencia no es propiamente la violencia contra las mujeres, lo que deja las medidas reales en poco más de 150.

Las medidas contempladas en el impulso a la formación, de una u otra manera, están ya propuestas en apartados anteriores, en los que se ha hecho hincapié en la formación de profesionales en materia de violencia de género. Este apartado, si tenía vocación recopilatoria, estaría muy bien, pero entonces por qué contar las medidas si no son diferentes de las ya indicadas.

En cuanto a las medidas estadísticas no son tales, no representan una lucha eficaz contra la violencia, contar no lo es, si no se sigue de ello un análisis cualitativo y una valoración de las políticas llevadas a cabo. Y este Pacto ha obviado ese análisis y esa metodología de trabajo.

En la atención a otras formas de violencia solo se habla de violencia sexual. Se obvia, por ejemplo, la violencia económica, un concepto ya muy restringido, en la medida en que se refiere al pago o no de las pensiones alimenticias, al control del dinero por parte de los varones, pero nada se dice de la violencia económica estructural que padecen las mujeres, porque eso, al parecer, no era objeto de este pacto tan “histórico”.

En cuanto a las medidas económicas, es el apartado nebuloso que se empantana en la aprobación de los presupuestos. Lo que convierte el pacto en una estrategia política a coste cero.

Por lo demás, el seguimiento del pacto es una metodología de trabajo que no entiendo por qué se incluye entre las medidas. A no ser que, a estas alturas de la composición del documento, la Subcomisión andara escasa de ideas y necesitada de aumentar su número por cualquier procedimiento.

Mucho ruido y pocas nueces

Este Pacto de Estado resulta la orquestación de una ceremonia de confusión, por la que se da a entender que el estado se hará cargo de hacer lo que hasta aquí debería haber hecho y no hizo, simplemente porque tiene asuntos más importantes entre manos.

Es una ceremonia de la confusión porque el estado y los partidos en el poder, o con expectativas de llegar a él, han escenificado un acuerdo de mínimos, presentándolo como una conquista histórica. Cuando la realidad es que el estado ha cooptado y desarmado una serie de aspiraciones y reivindicaciones de las mujeres, pero con dos ausencias inaceptables. Una, el feminismo. Este pacto no es en absoluto un pacto feminista, sino el intento, ya veremos qué tan exitoso, de desarticular algunos avances y de desarmar muchas reivindicaciones feministas, hasta ahora insatisfechas. Y dos, el pacto no forma a los hombres, no los tiene en cuenta y no lucha contra el machismo, que es la raíz de la violencia contra las mujeres. Este pacto debería procurar formar a los hombres para erradicar el machismo y procurar la igualdad. En cambio prefiere ocuparse de las víctimas, con un enfoque que pasiviza a las sufrientes. En definitiva, Much Ado About Nothing.

Pura Sánchez Sánchez

Licenciada en Filología Hispánica. Responsable área de Educación y Cultura de Asamblea de Andalucía.

Tienda web de Marinaleda