Columnas, Opinión

El El Pacto de Estado Contra la Violencia de Género (I). Un remake poco creativo y con actores mediocres

La puesta en escena

Ya expuse en un artículo anterior mis pensamientos sobre la inconveniencia o, peor, la previsible inoperancia de un pacto de Estado contra la violencia machista. http://portaldeandalucia.net/opinion/columnas/una-menos-cuando-fracasan-los-esloganes/

Bueno, pues el pacto se ha materializado y habita entre nosotrxs.

Su presentación en sociedad no ha podido ser más atropellada y burda. Un ministro que sale en rueda de prensa pavoneándose del acuerdo alcanzado cuando, en sentido estricto, no había acuerdo todavía; un presidente del gobierno que, con su verborrea habitual,  lo califica de pacto contra “el ataque vandálico” que sufren muchas mujeres,  en su comparecencia de vuelta del juzgado, tras declarar como testigo en los casos de corrupción que afectan a su partido; los partidos firmantes, que le dedican a ello un tiempo fugaz; el partido no firmante que da explicaciones someras de su postura. Y la prensa que tiene prisa por hablar de Neymar y de otras cosas importantes.

O sea que, diez días después de su presentación en sociedad, y mucho antes de los atentados de Barcelona y Cambrils, nadie hablaba ya de un Pacto, que, no obstante, se presentó como un “hito histórico”.

Sin embargo, nada más nacido, el Pacto ha sido contestado públicamente por el caso de Juana Rivas. Políticxs de diferentes partidos, personas pertenecientes a la judicatura y otros “expertos” se han apresurado a decir que lo importante es cumplir las leyes, que para eso están. Esto en un país en el que se ha elevado a la categoría de virtuosismo el saltarse la legislación vigente, prácticamente en todos los ámbitos, excepto, al parecer, en lo concerniente a la legislación – poco desarrollada y nada puesta al día- en materia de violencia de género, femenino, por supuesto.

Es decir, el Pacto, nada más nacer, se ha quedado con el culo al aire y sus vergüenzas, su inoperancia, expuestas públicamente. Hasta el punto de que una activista, que se manifestaba en Madrid en apoyo de Juana Rivas, el día que esta ha entregado sus hijos a la Guardia Civil, para entregarlos a su vez al padre maltratador, ha declarado que “es papel mojado”. Y mientras, los firmantes del Pacto ponen cara de póquer, demostrando así cuánto les interesaba el asunto, más allá del propio acto de la firma.

 

Lo que de verdad importa. Contenidos y metodología

En los medios de comunicación se han difundido resúmenes escuetos – 1000 mil millones y 212 medidas-, limitándose a cortar y pegar la nota de prensa oficial, difundida por la propia Subcomisión, artífice del Pacto.

En dicha nota de prensa, de 28 de julio, se recogen las líneas de trabajo del Pacto. Es muy significativo que estas líneas de actuación se nombren con verbos como intensificar, mejorar, perfeccionar o impulsar, lo que demuestra que  ninguna de estas acciones contienen cambios sustanciales, es decir, cualitativos, en lo emprendido hasta ahora. Se trata, por tanto, en líneas generales de hacer más de lo que quiera que sea que se haya estado haciendo. Además, se habla de realizar un seguimiento estadístico, como si ello fuera en sí mismo una medida política o tuviera alguna capacidad de incidir en la realidad. A no ser que se piense que contando y volviendo a contar, la realidad acabará siendo otra.

Además, no es un buen comienzo que, al menos en la denominación del Pacto, no se aluda a la violencia machista, sino a la muy correcta expresión de “violencia de género”. Y en las 212 medias hay contadas alusiones al machismo y la violencia machista. No sé si pasan de la media docena. Y es que al final, con lo que se evita nombrar y con lo que se nombra y cómo se hace, podemos tener una radiografía inicia de este pacto: profundizar en lo que ya se hace y tratar de seguir incidiendo en las consecuencias de la violencia contra las mujeres, no en sus causas. Por eso no se habla de violencia machista. Por eso se sigue presentando la violencia contra las mujeres como una disfunción, desgraciada, de un sistema perfecto y perfectible, lo que evita tanto poner en cuestión el sistema mismo, como el principal pilar que lo sustenta: el de la desigualdad estructural y la jerarquía en las relaciones de poder.

Sin duda, que a esto se le llame “pacto histórico” solo puede explicarse porque es la continuación de un abordaje históricamente equivocado e ineficaz contra la violencia machista.

Ignoro si esta omisión – del concepto de machismo- es producto de la “novedosa” metodología de trabajo, así la ha calificado una participante en la Subcomisión, que ve como dos grandes avances, uno, que hayan participado mujeres – faltaría más – . Y dos, que se haya trabajado de forma que solo se han admitido aquellas medidas en las que todas las fuerzas políticas estaban de acuerdo, es decir, por consenso. Menudo avance. Y se acaba equiparando este pacto en importancia a los Pactos de la Moncloa. Me temo que, queriendo dignificar y engrandecer el Pacto, o no sabe lo que fueron los Pactos de la Moncloa o sí lo sabe y trata de confundir y manipular.

Más relevante hubiera sido dar a conocer las medidas han quedado fuera, quiénes las han propuesto y quiénes las han rechazado, en lugar de extender un velo de silencio – o un pacto- sobre ello. Esta información habría resultado al menos tan instructiva como la difusión de las medidas aprobadas, porque daría cuenta exactamente del nivel de renuncia del llamado “consenso” y de la intención y capacidad de las fuerzas políticas parlamentarias para tomarse este asunto en serio.

¿Qué ha faltado en la metodología de trabajo? Una valoración seria e independiente de los efectos de la ley de 2004., algo que señalaron como necesario algunas de las personas comparecientes. Pero, claro, esto hubiera sido un punto de partida necesario en caso de que se pretendiera con este Pacto un salto cualitativo respecto de la legislación y las políticas ya existentes. Y no es el caso.

 

Los padres de ella.  Los progenitores del Pacto

El texto aprobado, con la abstención de Unidos Podemos, es un tocho de 274 páginas, en las que las medidas propiamente dichas ocupan las últimas 35.

Las primeras 25 páginas están ocupadas por los antecedentes, que no son otros que  una Proposición no de ley del PP, aprobada por el Pleno el 15 de noviembre de 2016, para mejorar y actualizar la ley 1/2004, y otra PNL del Grupo socialista en el mismo sentido. De ello deducimos, sin esfuerzo, pero no sin preocupación, quiénes son los progenitores del Pacto, que vendría a dar cumplimiento a ambas PNL. O sea, que, desde el momento de la concepción del texto transacional – noviembre de 2016- , al alumbramiento del Pacto – julio de 2017-, han transcurrido ocho meses de embarazo, con el nacimiento de una criatura  tan poco saludable que es dudoso que prospere. Embarazo tan largo asombra un poco, porque casos ha habido, en los que se han cambiado leyes – el artículo 135 de la Constitución, por ejemplo-, en una noche y a pelo. Sin anestesia, sin consenso ni gaitas. Por tanto, no queda más remedio que colegir que este Pacto no era para las fuerzas políticas parlamentarias ni urgente ni importante. Un desprecio a las víctimas que, mientras tanto, han seguido cayendo una a una, en un goteo insoportable y difícilmente explicable, a no se que estemos hablando de víctimas de segunda, claro.

 

Nobles intenciones. Las comparecencias

Las paginas centrales, y más numerosas , del documento del Pacto lo ocupan los resúmenes de las comparecencias, un batiburrillo de personas e instituciones , que van desde una representante de una fundación de las Adoratrices a sociólogas feministas o al presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. El mismo batiburrillo se observa en la documentación aportada: instrucciones, protocolos, informes, guías de detección…  Lo que me lleva a pensar que  la Subcomisión inició su trabajo sin establecer un criterio previo, que le permitiera seleccionar a las personas e instituciones sociales que debían comparecer, en función del trabajo que quería realizar. ¿O no tenía claro qué trabajo quería realizar?

Puede ser también que su criterio fuera escuchar a mucha gente, para  transmitir la idea de un proceso dialogado y participativo. Ello explicaría, por ejemplo, que se haya escuchado, junto a personas de reconocido prestigio y trayectoria feminista, a la representante de una asociación dependiente de la orden religiosa femenina  Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad,  que históricamente se ha dedicado a redimir a las “mujeres caídas”. Por ello, en el franquismo fue una de las órdenes religiosas encargadas de vigilar y disciplinar a las presas políticas rojas.

Y es que no se puede escuchar a todo el mundo, por muy aggiornata que la orden esté en la actualidad. Por lo mismo que no se puede escuchar, en pro de la libertad de expresión, a quienes reclaman acabar con ella. Por ejemplo. A no ser que se confunda batiburrillo con diversidad y a ese totum revolutum con el diálogo y la participación.

La mayoría de las intervenciones – sobre todo las protagonizadas por personas que pertenecen a la judicatura- ponen de manifiesto que la ley de 2004 era obsoleta en cuanto a la consideración restringida de la violencia de género, algo que ya establecía claramente el Convenio de Estambul, que España firmó el 11 de mayo de 2011. ¿Qué se ha hecho desde entonces? Nada, a pesar de que lo único que se requería era sustituir el art. 1 de la ley de 2004 por el art. 3 del convenio de Estambul, algo que, a priori, no parece una tarea titánica, máxime cuando asociaciones y juristas comprometidas en la lucha contra el machismo lo vienen pidiendo reiteradamente. Inmaculada Montalbán, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,  indica, además, que existen medidas contra la violencia de género que no se han implantado o implementado y que  es necesario formar a las y los jueces en derecho no discriminatorio. Dos graves problemas sobre los que las medidas del Pacto pasan de puntillas.

Otros aspectos que señalan diferentes comparecientes es que los protocolos de coordinación permanecen en un cajón, cuando son esenciales para el acompañamiento y la protección de las víctimas. Un dato: solo 9 comunidades autónomas tienen medidas específicas contra la violencia sexual. O que los medios de comunicación no han construido un relato sobre la violencia machista, que evite la equidistancia entre víctima y maltratador. O que es necesario dar credibilidad y autonomía a las víctimas. Otro dato significativo al respecto: hay 700.000 víctimas anuales de violencia de género y el ministro del Interior habla de entrevistar a los condenados por maltrato…

Sin embargo, los miembros de la Subcomisión parecen no haber oído los testimonios de las personas comparecientes, o no haberse leído, al menos, el resumen de 175 páginas de las comparecencias. Porque, sin solución de continuidad, y a pesar de los auténticos rapapolvos de algunas intervenciones, no dudan en calificar a España como “país pionero” en la lucha contra la violencia de género. Así, sin complejos. ¿Un país pionero tardaría 6 años en darse por enterado del Convenio de Estambul? ¿Un país pionero dejaría medidas de coordinación y protocolos de actuación metidos en un cajón? ¿Un país pionero pasaría por alto que solo 9 de sus 17 comunidades autónomas tuvieran protocolos de actuación contra la violencia machista?

 

Fin. (De la primera parte)

En conclusión, este Pacto, anunciado tan a bombo y platillo, se me antoja, el remake de una película antigua, de la que se ha hecho una lectura incompleta y de la que apenas se acierta a tararear la música sin recordar, ni falta que hace, la letra. Dando por hecho que palabras como unidad, pacto, hito histórico funcionarán como conjuros para que la sociedad se trague tamaña impostura, una mala película, sin creatividad, con un guión y unos actores mediocres y cuyos directores se ocultan tras una Subcomisión, femenina tal vez, pero en absoluto feminista.

 

Nota final.- Por no cansar más a lxs sufridxs lectorxs, dejo para otra entrega el análisis de las 212 medidas, un remake de otra película: Mucho ruido y pocas nueces.

 

 

 

 

 

 

Pura Sánchez Sánchez
Licenciada en Filología Hispánica. Responsable área de Educación y Cultura de Asamblea de Andalucía.
Campaña de aceite ecológico 2017