Columnas, Opinión

El problema político de Cataluña y los límites del marco jurídico

La ley pierde su sentido cuando se autorreferencia a ella misma, cuando se justifica por su propia existencia y no por la necesidad de la comunidad en su conjunto, de alguna minoría o mayoría, o necesidad histórica.

Eso es lo que está sucediendo estos días, justificándose la imposibilidad de cambios constitucionales que permitan  la autodeterminación de Cataluña,  o la celebración de un  referéndum, en base a una supuesta legalidad. Repiten  hasta la saciedad que hay que respetar el marco legal que marca la Constitución del 78. En ningún momento, ni así se ha pronunciado el Tribunal Constitucional, se puede perseguir  el debate político sobre la independencia de Cataluña en defensa de la legalidad, pero de facto es lo que están haciendo, el Régimen con todos sus aparatos (poder político, judicial y la prensa), garantizan la estabilidad del sistema, no dejando discutir las salidas políticas del conflicto,  y así esperar que el pueblo catalán entre en la razón del régimen y olvide sus aspiraciones políticas a decidir sobre su futuro.

Basan sus sacrosantos argumentos jurídicos, en una interpretación cerrada y conservadora de la Constitución. Haciendo oídos sordos a la ruptura explícita del pueblo catalán con las instituciones estatales y el consenso que existe respecto a la necesidad de un Referéndum. Con esto niegan al propio Estado de Derecho, que únicamente puede legitimarse a través del consenso y de la democracia.

En toda esta vorágine, sólo hay una cosa medianamente clara,  no hay  instrumentos legales que  permitan una  salida al conflicto real que existe   sin modificar  la ley,  sin el reconocimiento sobre el derecho a decidir.  Pero no es por sí un problema jurídico, nada  impide desde una perspectiva democrática preguntar  de  manera vinculante dentro de un marco de normalidad  al pueblo catalán si quiere o no permanecer en España.

La principal disyuntiva que presenta el conflicto catalán es una cuestión política, el  Régimen y sus acólitos sacralizan la ley haciendo uso de su particular visión del Estado de Derecho,  aplicándolas de manera autoritaria y violenta. Defendiendo un Estado-Nación inamovible, exhibiéndose junto a grupos fascistas, que lejos de objetivos legalistas y formales, defiende un Estado bélico, imperial y xenófobo.

El régimen está en crisis, en una coyuntura  global de falta de soberanías, secuestradas por poderes económicos con la inestimable ayuda de la Unión Europea.  El llamado Estado de Bienestar  ya no existe más, el sistema capitalista y sus defensores, ya sea los liberales estrictos o socialdemócratas, son incapaces de presentar una alternativa incluyente con las capas populares. El  sistema no genera más excedentes que repartir y mantiene sus tasas de ganancias mediante la desposesión de recursos y derechos de las personas.

Esto nos tiene que  replantear el fin político por excelencia,  el control de un Estado proveedor y garantista de los derechos sociales. En estos momentos,  de cuestionamiento del  modelo civilizatorio, la generación de libertad e igualdad  debe conseguirse mediante  nuevas formas alternativas populares y horizontales de organizar y gestionar lo público que desborden los espacios institucionales tradicionales.

Y esto es lo que nos está plateando el conflicto catalán. Si hubo referéndum, como explicaron medios de comunicación de medio mundo, y los observadores internacionales, eso sí, con claras limitaciones de  las libertades de expresión y con una vulneración masiva de derechos fundamentales. Esto demuestra la capacidad de la organización popular  al margen de instituciones en un clima de  solidaridad y apoyo mutuo incuestionables.

Esta situación, nos tiene que hacer repensar  que la salida y la ruptura con el Régimen del 78 y con el sistema capitalista,  y con ello, la ruptura con un modelo excluyente e intolerante, que no vendrá de la mano simplemente institucional  y jurídica.  Está en manos de la sociedad y de las  organizaciones políticas la gestión de esos acontecimientos y su proyección en el futuro. Sabemos que este momento de apertura será largo pero todavía podemos influir y dirigir como se desarrolla en los años que viene, para eso tenemos que ser conscientes que sólo se podrá hacer si el sujeto emancipador que toma el poder tiene más de forma movimiento  social que no de forma suma de partidos o grupo de notables.

Cataluña, y la reacción españolista no es un caso aislado,  vivimos un  momento político excepcional de polarizaciones en el mundo occidental que  se basa en el antagonismo dentro o fuera del sistema.  Todo auspiciado por la crisis de la socialdemocracia y de la derecha liberal. El capitalismo actual necesita  armazón jurídico servil, tanto nacional como internacional, e  interventores que se pronuncien sobre las disputas entre las empresas, intereses financieros y sobre los derechos de propiedad, pero no  requiere una forma democrática, salvo como escaparate, se está vaciando  cualquier contenido democrático real

En el libro “Tesis de la filosofía de la historia” Walter Benjamin ya nos hablaba de estos peligros: “(…) el peligro amenaza tanto a la existencia de la tradición como a quienes la reciben. Para ella y para ellos el peligro es el mismo: prestarse a ser instrumentos de la clase dominante. En cada época hay que esforzarse por arrancar de nuevo la tradición al conformismo que pretende avasallarla. El mesías no viene sólo como redentor; también viene como vencedor del Anticristo. El don de encender en lo pasado la chispa de la esperanza sólo le es dado al historiador perfectamente convencido de que ni siquiera los muertos estarán seguros si el enemigo vence. Y ese enemigo no ha cesado de vencer (…)”.

La crisis sistémica de la Europa del capital y sus profundas contradicciones, hoy expresadas crudamente en el avance de organizaciones y políticas ultraderechistas excluyentes, también pueden abrir nuevas posibilidades, desarrollando un movimiento abierto e integrador, contra el odio y las políticas xenófobas, que se dote de un programa alternativo y emancipador. Las opciones están abiertas.

Ana Martínez Serrano

Licenciada en Derecho y activista social jiennense.

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