Política

El Gobierno de España impone a la Junta un ajuste de 900 millones en dos años

El Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó este jueves los objetivos de déficit para el trienio 2018-2020 con el voto en contra de todas las comunidades gobernadas por el PSOE y Cataluña y la abstención de Canarias. Sólo las gobernadas por el Partido Popular han secundado la propuesta del Gobierno, que ha salido adelante porque el voto de la Administración central tiene el mismo valor que el que suman todas las comunidades autónomas. Basta con que una comunidad vote de forma diferente al resto para que estén en minoría frente al Estado.

La senda de reducción del déficit público impone a las autonomías un déficit máximo del 0,3% de su Producto Interior Bruto (PIB) en 2018. Y en 2019, los gobiernos autonómicos deberán alcanzar ya el equilibrio presupuestario. Es la denominada senda de “consolidación fiscal” según la cual el gobierno de Madrid impone la política fiscal de la Junta de Andalucía, bien aumentando los impuestos o bien reduciendo los gastos.

Andalucía parte de un objetivo de déficit del 0,6% para 2017. Esta hoja de ruta supone para el Gobierno andaluz que los presupuestos de 2018 deben recoger un ajuste de 450 millones de euros sobre las cuentas del ejercicio actual. Este ajuste se debe repetir en 2019 para pasar de un déficit del 0,3% al 0%.

En total, el Ejecutivo andaluz debe buscar 900 millones para los próximos dos ejercicios. Lo hará bien por la vía de los ingresos, o bien reduciendo en las áreas de gasto -las principales son sanidad, educación y dependencia- o en la inversión en obra pública.

Esta situación plantea una dificultad añadida para elaborar las cuentas de 2018, que actualmente se negocian con Ciudadanos. Ciudadanos ha condicionado su apoyo a los presupuestos de Andalucía a la rebaja del impuesto de Sucesiones, que tendría un impacto de 150 millones en la recaudación del próximo año, con la vista puesta en una bonificación total a largo plazo. Además, están exigiendo nuevas bajadas en el tramo autonómico del IRPF para los próximos ejercicios. Todo esto provoca que, tanto desde Madrid como desde los aliados del PSOE andaluz, la dirección de los presupuestos de la Junta de Andalucía vayan hacia una reducción del gasto social. Con la obligación de reducir a corto plazo el déficit y con menos ingresos no cabe duda que el gasto en sanidad, educación o dependencia se verá tarde o temprano afectado.

Por otro lado, la administración central se está apropiando del superávit de las administraciones locales, a las que no se les permite reinvertir sus remanentes, que ascienden al 0,6% del PIB.

Fuente: Diario de Sevilla / Redacción.

 

 

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