Política

El gobierno español no afronta las denuncias de malos tratos a presos en Sevilla II

El Ministerio del Interior esquiva las indicaciones que le hace la Defensora del Pueblo Español para evitar malos tratos a personas presas en el centro penitenciario Sevilla II, en Morón de la Frontera. En una respuesta del Gobierno a una pregunta escrita de Maribel Mora (Unidos Podemos) se afirma desconocer a qué se refiere la senadora andaluza, dos años después de que la institución que dirige Soledad Becerril le pidiera que investigara la existencia de esas prácticas, que también han delatado abogados de Sevilla, la APDHA y hasta el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura.

La Defensora del Pueblo, en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, efectuó una visita al citado centro penitenciario los días 9 y 10 de marzo de 2015. En mayo de ese año, dos años antes de la respuesta que ahora da el Gobierno, trasladó a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias  una veintena de sugerencias, dos de ellas en concreto sobre este punto de presuntos malos tratos sobre personas presas.

Por un lado, pedía iniciar una investigación respecto a algunas prácticas de los facultativos de Sevilla II “que podrían vulnerar los principios de ética médica aplicables a la función del personal de salud, especialmente los médicos, en la protección de personas presas y detenidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”. Asimismo, sugirió “impartir instrucciones a Sevilla II para que, sin perjuicio de cualquier actuación judicial, cuando por parte de la Dirección se tenga conocimiento de que algún interno afirma haber sufrido malos tratos, se pongan en marcha con carácter inmediato las actuaciones necesarias para esclarecer los hechos, en primer término por el propio establecimiento y posteriormente por las unidades especializadas de los servicios centrales”.

En la ficha de seguimiento de las recomendaciones del Mecanismo de Prevención de la Tortura, a enero de 2017 y visible en su web, se constata que la resolución dirigida a Instituciones Penitenciarias ha sido “aceptada” y consta incluso la respuesta de la Administración: “Se han dado las instrucciones pertinentes para que se pongan en marcha inmediatamente las actuaciones necesarias para esclarecer los hechos recabando de oficio las posibles pruebas”, detallando incluso que “se desplazó al centro un inspector de servicio que revisó varios casos de denuncias por malos tratos”.

El Gobierno, ahora, dice en cambio que no sabe a qué se refiere la portavoz de Unidos Podemos al preguntar por ello. Respecto a la investigación que pedía la Defensora, la Adninistración responde que “se remitió escrito a la Dirección del Centro” ante lo cual la Defensora apunta que “reiterará” la sugerencia.

Fuente: eldiario.es

 

Redacción
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