Política

El fiscal culpa a la Consejería de Empleo de dar por buenos cursos irregulares

La juez María Núñez Bolaños ha citado a declarar el 5 de octubre a los empresarios José María Pérez González y Gerardo Saucedo González como investigados y a 23 testigos, entre los días 3 y 5 del citado mes, en una pieza separada de la causa de los cursos de formación subvencionados por la Junta de Andalucía. La magistrada da este paso después de que la Fiscalía Anticorrupción haya pedido la práctica de estas diligencias.

En su escrito, del pasado 7 de junio, el fiscal Fernando Soto advierte «la posible existencia de un plan preconcebido» por parte de los empresarios investigados para «obtener subvenciones con la finalidad de lucrarse con las mismas y sin intención de cumplir con uno de sus elementos esenciales».

El representante del Ministerio Público se muestra también muy crítico con la actuación del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), la agencia dependiente de la Consejería de Empleo. Asegura que los órganos administrativos encargados de la justificación y liquidación de los expedientes de subvenciones «habrían mostrado un criterio manifiestamente laxo», ya que «habrían dado por buenos muchos contratos que incumplen los requisitos mínimos exigidos por la normativa».

Basándose en el atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre las investigaciones policiales practicadas en el entorno de José María Pérez González, la Fiscalía encuentra indicios de que los investigados «habrían recibido subvenciones a través de sus empresas, con la previa intención de incumplimiento de un elemento esencial de este tipo de subvenciones como es el compromiso de contratación». «Puestos previamente de acuerdo, habrían firmado acuerdos con terceros, en los que estos habrían adquirido el compromiso de contratación al que viene obligado el beneficiario» como fase final de cada subvención, avisa el fiscal.

Fuente: lavozdigital.es

Redacción

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