Política

Investigación judicial por amaño de contratos durante la etapa de Susana Díaz

Aunque la presidenta del Gobierno andaluz ha tratado de marcar diferencias con la gestión de sus antecesores, Manuel Chaves y José Antonio Griñán -ambos con fecha ya para sentarse en el banquillo de los acusados por el caso de los ERE fraudulentos-, esta nueva investigación judicial revela que las prácticas irregulares en el seno de la Administración andaluza no son exclusivas de los presidentes anteriores, sino que alcanzan también la etapa de Susana Díaz.

Los posibles amaños de contratos se habrían producido en la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (Amaya), en la que se integraron en 2011 casi 6.000 empleados de la extinta Egmasa (Empresa de Gestión Medioambiental), en virtud de la Ley de Reordenación del Sector Público. Precisamente una de las piezas desgajadas de la macrocausa de los ERE investiga un posible desvío de fondos de la Junta para el pago de prejubilaciones de trabajadores de la antigua Egmasa.

La nueva investigación judicial sobre los posibles amaños de contratos ha recaído en el Juzgado de Instrucción 16 de Sevilla, cuyo titular Juan Gutiérrez Casillas está analizando desde hace un par de meses una denuncia formulada por la Fiscalía de Sevilla contra las dos directivas responsables de unas contrataciones irregulares en Amaya: Virginia Pividal García y Ana Gómez Jaén. Ambas han sido citadas este viernes por el juez como investigadas -antes imputadas-.

Pividal García fue directora de la División Sostenibilidad y Medio Ambiente Urbano de la Agencia Amaya de la Junta desde el año 2011 hasta 2015, cuando el alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, la fichó como directora gerente de la empresa pública de limpieza del Ayuntamiento de Sevilla, Lipasam. Por su parte, Gómez Jaén está siendo investigada por su etapa como jefa de Línea de Operaciones de Control Ambiental de la Agencia Amaya.

La denuncia de la Fiscalía de Sevilla, relata las «maniobras» en la Agencia Amaya para «evitar» la tramitación «más exigente» de los contratos públicos de mayor cuantía que deben hacer las Administraciones. Las investigaciones se han centrado en dos contratos de diciembre de 2013 -Susana Díaz es presidenta de la Junta desde el 7 de septiembre de 2013- de la Agencia Amaya. Uno es el de un secuenciador de ADN para el Centro de Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre, con sede en Málaga, valorado en 59.159 euros. Para realizar la compra, se hicieron cuatro contratos distintos para que se quedaran por debajo de los 18.000 euros del contrato menor que se puede adjudicar de forma directa.

En la investigación llevada a cabo por la Unidad Adscrita a la Audiencia de Sevilla de la Guardia Civil se verificó que los cuatro módulos adquiridos a través de los cuatro contratos diferentes «son inoperables si no funcionan ensamblados todos juntos», dice la Fiscalía.

La denuncia de la Fiscalía sobre el posible amaño de contratos en la Agencia Amaya recuerda que la Cámara de Cuentas, en su informe de fiscalización de regularidad sobre este ente de la Junta, ya detectó similares «prácticas irregulares». En materia de contratación pública, los auditores de la Cámara de Cuentas encontraron gran similitud de los objetos de numerosos expedientes tramitados como contrato menor, lo que podría «suponer la conculcación de los principios de publicidad y concurrencia y podrían ser constitutivos de fraccionamiento del objeto de los contratos».

Fuente: El Mundo Andalucía.

Redacción
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