Política

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía insta al poder político a modernizar la Justicia

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, abrió el año judicial con un discurso reivindicativo de la “acuciante necesidad” de la reforma judicial y la modernización de la Justicia, “creo es responsabilidad de quienes ostentan el poder político”.

En un escenario de “necesaria creación de plazas judiciales”, donde Andalucía “es sumamente deficitaria” y “año tras año” lidera la tasa de litigiosidad, el presidente del TSJA se ha referido a la organización territorial judicial vigente, que “no responde en absoluto a criterios de racionalidad y eficacia”. La realidad sobre la que se configuró “ha quedado superada”, proclama Del Río. Por ello, el presidente urge: “No puede esperar más la toma de decisiones sobre un cambio de modelo organizativo de trabajo y sobre el diseño del mapa judicial, procurando optimizar tanto la facilidad de acceso de los ciudadanos a los órganos judiciales como la eficiencia de la Administración de Justicia”. La reordenación de la demarcación “lleva necesariamente a la concentración, especialización y firme apuesta por una organización judicial colegiada que permita la mejor gestión y aprovechamiento de los actuales recursos, así como una mayor uniformidad procesal y de respuesta jurídica.

Con referencias a los datos que arroja la Memoria anual del TSJA, Del Río se ha referido a “los retos” que puedan plantearse a la carrera fiscal, “el más apremiante, la necesidad de un nuevo esquema procesal en el ámbito penal”. En este sentido, Del Río considera que “continúa pendiente” la transformación “profunda” del proceso penal, “que supere el modelo actual, lastrado en su funcionamiento y con una exasperante lentitud en múltiples asuntos”, una circunstancia “atribuible en parte a la vigente legislación procesal”. El presidente del TSJA asegura que “padecemos un proceso penal desestructurado e incompatible con las exigencias de celeridad y eficacia”, lo que ocasiona “una gran insatisfacción” entre los ciudadanos y los propios jueces y fiscales.

Del Río apunta a los dos proyectos de reforma elaborados “en dos distintas etapas políticas y corremos el riesgo de pasar en blanco una nueva legislatura”, mientras “se solapan las labores de jueces y fiscales”, habilitados ambos “para asumir las distintas fases del proceso penal, no se define con claridad la línea divisoria entre las funciones instructoras y las de enjuiciamiento, confluyen tareas en la dirección de la investigación penal, que se ha sobredimensionado hasta el punto de convertirse en una anticipación del juicio oral, cuando debiera reconducirse tan sólo a un espacio de acopio del material imprescindible para tomar criterio sobre la formulación de la acusación”, además de otros asuntos que “no necesitan instrucción y merecen un juicio directo y rápido que, hoy en día, es prácticamente inviable de ofrecer”. En este escenario, el presidente del TSJA apremia al poder legislativo, que “debe tomar cuanto antes las decisiones que considere más convenientes”, en lo que” debe ser una prioridad absoluta de la política criminal”.

En otro sentido, Del Río ha instado a avanzar en el proceso de mejora de la Justicia digital, tanto en la seguridad en el sistema de comunicaciones electrónicas como en la mejora del sistema de gestión procesal y la forma de documentación y visualización del expediente electrónico.

En el contexto del relevo al frente de la Consejería de Justicia, Del Río se ha referido ante Rosa Aguilar a “la reivindicada modernización de la Justicia andaluza, mediante la reorganización funcionarial a través de “la adopción de una política decidida de redistribución de funcionarios” que permita “paliar los déficits y disfunciones” que motiva la actual distribución de medios personales.

En lo que ha sonado a una alusión -sin nombrarlo- al ‘caso Juana Rivas’, Del Río ha concluido su intervención con referencias “a propósito de recientes situaciones conflictivas judicializadas” que “han traspasado la línea de la legítima crítica social de las resoluciones judiciales”. El presidente del TSJA ha alertado contra actitudes que pueden “inocular” en la ciudadanía que “las leyes y tribunales son secundarios, que si no gustan se obvian”. La situación creada, dice Del Río, “obliga a reivindicar el respeto a la legalidad y a las decisiones judiciales y, asimismo, recordar que los jueces estamos sujetos al imperio de la ley y sólo en la ley se basan nuestros pronunciamientos”.

Fuente: El Mundo Andalucía.

Redacción
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