Sociedad

El caso de financiación ilegal de UGT Andalucía topa con el Estado de México

Roberto Macías es el ex administrativo de UGT-A de nacionalidad mexicana cuyo testimonio fue clave en la imputación de los líderes de UGT Andalucía. Ahora está imputado en conexión con el caso de presunta financiación ilegal de UGT Andalucía que investiga un juzgado de Sevilla. Está acusado por el sindicato, en otro tribunal sevillano, por filtración y revelación de secretos.

La cúpula sindical lo señala por haber sido supuestamente quien destapó sus tejemanejes contables. Las prácticas de ‘rapel’ y bote, con las que el sindicato pudo haber desviado fondos públicos, entre otros numerosas ayudas para cursos de formación, hacia gastos propios. A Macías lo acusan de haberse llevado, en noviembre de 2012, en un ‘pen drive’ más de 20.000 archivos confidenciales de compras. Un mes después, fue despedido.

La Fiscalía pide para él cuatro años de cárcel. La dirección de UGT Andalucía lo acusa de haber pasado decenas de capturas de pantalla con facturas y extractos bancarios que revelarían la financiación ilegal. La Fiscalía pide también contra él 60.000 euros de multa. Macías declaró ante la Guardia Civil en 2014 como un testigo clave en la investigación del destino de millones de euros de dinero público.

Hace un año llegó a su vida el abogado mexicano Raúl Padilla. Se conocieron en Guadalajara (México). Roberto se desplazó a su país, donde impartió varias conferencias en la universidad sobre corrupción. Una amiga común les hizo de enlace y el abogado se comprometió a defender su caso sin una remuneración económica a cambio. “Desde ese momento lleva mi asunto de forma totalmente solidaria. Un milagro porque sin él no hubiera sido imposible”, explica Macías.

Este abogado alucinó con la situación de indefensión en la que estaba su compatriota. Tras el registro en su domicilio, Macías había acudido a pedir protección al consulado de México en España. Su sorpresa fue que la embajada se lavó las manos. Prefirió no actuar. Alegó que cuando la Policía tomó declaración al imputado éste se declaró ciudadano español y había renunciado así a su nacionalidad mexicana y al apoyo de su país.

El abogado Raúl Padilla no lo entendió así. Emprendió una pelea en los tribunales de su país que han culminado con un fallo judicial que señala que sí debería haberse dado protección consular a Macías como él mismo solicitó.

 

Ahora, la suerte de este miembro de la Plataforma por la Honestidad, que en abril se encadenó a la sede de UGT en Madrid para denunciar su situación, puede cambiar. El Estado de México tiene que prestarle abogado y defender a su compatriota ante uno de los principales sindicatos de España.

Fuente: El Confidencial.

Redacción
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