Medio ambiente

Tras la trampa a Juan Clavero, los dirigentes socialistas se mueven

La trampa que tendieron a  Juan Clavero, para tratar de inculparle en un delito de narcotráfico, se está saldando de forma muy positiva para el ecologismo andaluz.

Por un lado se han imputado a cuatro personas que tendrán que declarar ante el juez el 1 de marzo por introducir 47 gramos de cocaína en su coche, y por otro, y esta más importante, porque el ayuntamiento de Grazalema ha acordado por fin iniciar el deslinde, apeo y amojonamiento del camino público que une las poblaciones de Benamahoma y Zahara, usurpado desde 2004 por propietarios de fincas privadas. Un paso definitivo para garantizar que cualquier persona pueda pasar libremente por esa zona de dominio público ubicada en pleno Parque Natural de la Sierra de Grazalema. Precisamente por lo que Clavero y el movimiento ecologista gaditano llevaba 14 años luchando.

“Damos la bienvenida a la decisión, pero es un poco lamentable que el Ayuntamiento no haya hecho nada hasta ahora; y no creo que sea porque hayan recibido alguna presión por parte de los propietarios, sino por dejadez absoluta. El alcalde ni siquiera fue a la marcha ni emitió un comunicado apoyando la reivindicación. No sabe ni cuáles son los caminos públicos del municipio”, se lamenta Clavero en conversación telefónica con Público.

“No voy a negar que el caso de Juan Clavero no haya tenido nada que ver” —admite por su parte el acalde, Carlos García, del PSOE — “pero no hemos hecho esto por la presión de los ecologistas. El Ayuntamiento lleva en esto desde 2010. Nosotros tenemos un presupuesto limitado y desde 2015 venimos demandando la ayuda de la Diputación, que hasta después de todo el ruido mediático no se ha ofrecido”, defiende. Por tanto, según el alcalde socialista la culpa la tiene la diputación socialista.

Lo cierto es que la recuperación del camino público de Benamahoma-Zahara acumula más de una década de disputas, desde que en 2004 fuera ocupado y cerrado por los propietarios de las fincas Valdihuelo, La Breña del Agua (implicada en la trama contra Clavero) y El Navazo. En 2010, el Ayuntamiento aprobó su clasificación y catalogación como vía pública, aunque el recurso de los particulares acabó derivando el caso hasta el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que en una sentencia de 2013 dio la razón al consistorio y ordenó su inclusión en el inventario de bienes de la corporación municipal. El Ayuntamiento solicitó entonces a la Diputación provincial un estudio técnico para trazar sus límites definitivos y poder proceder a la recuperación, un documento que estuvo listo un año más tarde, en 2014. Los ecologistas denuncian que, desde entonces, “nada más se hizo”.

Los caminos públicos usurpados por terratenientes es un problema que afecta gravemente a toda Andalucía. La dificultad estriba en que, en la mayoría de los casos, ni siquiera hay un inventario de estos caminos y que ocuparlos no acarrea tampoco ninguna sanción. Ahora, Ecologistas en Acción, la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos, Podemos y la Junta de Andalucía trabajan juntos en un proyecto de Ley de Caminos Públicos que dé soluciones y un marco legal al problema.

Fuente: Público.

Redacción

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